Un bloqueo en la renovación del TC permitirá a Sánchez seguir utilizando a Pumpido el resto de la legislatura

El aval a la ley de amnistía ha sido el máximo servicio que hasta el momento Cándido Conde-Pumpido ha prestado a Pedro Sánchez. La sentencia avalando la constitucionalidad de la polémica norma contradecía incluso a los socialistas, que antes del 23 de julio de 2023 afirmaban que no cabía en nuestra Carta Magna. Muestras también de su papel en la hoja de ruta del Gobierno son, por ejemplo, el borrado del escándalo de los ERE y la maniobra para tratar de evitar que la Justicia Europea revisara esta polémica sentencia, como ha venido contando El Debate. Sánchez podría seguir utilizándole en su beneficio durante el resto de la legislatura.

El mandato del presidente del Tribunal Constitucional caduca el 17 de diciembre. Y la semana pasada, envió un escrito al Senado para avisarle de que debe activar la renovación de la Corte de Garantías ante su salida y la de tres magistrados –María Luisa Balaguer, del bloque izquierdista, y Ricardo Enríquez y José María Macías, del conservador–, como adelantó La Razón. El plazo para comunicarlo es de cuatro meses, pero agosto, que es cuando correspondería hacerlo, es inhábil.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si la renovación de la Corte de Garantías no coincide con el final del mandato de su presidente, este se prorrogaría de forma automática hasta que produzca dicha renovación; pero si el mandato del presidente termina y los nuevos magistrados no han sido nombrados, este seguiría en el cargo en funciones hasta que así fuera, que es la idea por la que se decantaría el Ejecutivo de Sánchez.

Cabe recordar que la Constitución establece que el Tribunal está formado por 12 magistrados, que son nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros en ambos casos, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y es el Tribunal el que elige de entre sus miembros al presidente y lo propone al jefe del Estado.

Los magistrados a los que habría que renovar en esta ocasión fueron designados a propuesta del Senado. Y lo que ocurre es que con los números encima de la mesa en estos momentos sería necesario un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Los populares cuentan con 145 senadores y necesitaría 160 para tener la mayoría de tres quintos exigida por ley.

Así, se plantean tres escenarios. Una opción sería que se produjera un acuerdo entre ambos partidos para los nuevos nombramientos. Otra opción es que no haya acuerdo y, por tanto, se asista a un bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional, como lo que ocurrió con el Consejo General del Poder Judicial, que estuvo cinco años en funciones. Y un tercer escenario es que hubiera un adelanto electoral y se alcanzara la mayoría requerida para que la Cámara pudiera designar a los nuevos miembros sin necesidad de pactar.

Por lo pronto, en el horizonte más cercano el Constitucional se encuentra la deliberación sobre el recurso de amparo que ha presentado el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, –que hace un año pisaba suelo español y huía de nuevo a las pocas horas sin ser detenido– contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía, que se abordará en un Pleno a la vuelta del verano, como informó El Debate. Este fin de semana se oía al presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, abogando por la aplicación «total y efectiva» de esta norma y trasladando que espera que el líder de Junts pueda volver a Cataluña amnistiado en el nuevo curso.