Juristas explican si Sánchez podría tener un horizonte penal: «Es muy difícil, no le pillarán»

En la última entrevista que Pedro Sánchez concedió a un medio de comunicación español –el pasado 2 de diciembre en RTVE– el presidente del Gobierno contestó con tensión cuando fue preguntado si dimitiría si es imputado en alguna causa judicial. «¿Por qué iba a serlo [imputado]?». El jefe del Ejecutivo esquivó la cuestión respondiendo más con preguntas, en un intento de desviar el foco sobre una eventual imputación. «La noticia es: ¿por qué no me denuncia Manos Limpias?, ¿por qué tema no me denuncia Manos Limpias?».

No obstante, la periodista Gemma Nierga siguió insistiendo: «Vuelvo a una pregunta que le he hecho antes y que ha quedado sin respuesta. ¿Qué ocurre si llega una imputación a usted o al Partido Socialista?». «Yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar», subrayó.

Además de las querellas que siguen vivas contra el presidente del Gobierno –como la de Vox por falso testimonio tras decir en el Senado que no conocía a Antxon Alonso o la de Manos Limpias por revelación de secretos– hay diferentes casos de corrupción que salpican directamente al entorno más cercano de Sánchez, como el de Begoña Gómez, el del hermanísimo o el propio caso PSOE, por el que su ex mano derecha José Luis Ábalos está en la cárcel.

El catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, ha relatado a El Debate que «el presidente del Gobierno puede ser imputado, puede ser procesado y puede ser condenado, pero es complicado». «Además, a este no le pillarán. Si mañana se descubriera que ha cometido un delito como una catedral y hubiera que imputarlo, lo tendría que imputar el Tribunal Supremo. Y luego se instruiría el procedimiento, y tras ello se celebraría el juicio. Pasaría el tiempo. Los dos años pasan volando», ha apostillado.

Preguntado sobre qué ocurriría si se decretase en alguna causa judicial la prisión provisional para Sánchez –situación en la que se encuentra Ábalos, y con anterioridad Santos Cerdán– el jurisconsulto ha señalado que «si quisiera seguiría siendo presidente del Gobierno porque es provisional, y lo único es que no podría ejercer las funciones, que pasarían a ser ejercidas por la vicepresidenta primera», María Jesús Montero. No obstante, ha remarcado que «sería todo escandaloso y kafkiano».

Asimismo, la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y abogada Gemma Martínez Galindo, ha indicado en conversación con este periódico que «el tema en el que veo yo más cerca de una imputación es el de su mujer, por el caso de AirEuropa». «O en los otros referidos a toda la investigación que se está llevando a cabo de las malversaciones de caudales públicos y todos esos hechos, siempre y cuando se encontrara un WhatsApp, un audio, un papel, un correo, una documentación... Algo que le implicara directamente a él. Pero lo veo muy difícil», ha añadido.

En relación con una posible por la financiación irregular del PSOE que la Audiencia Nacional está investigando, Martínez Galindo ha relatado que «para que él, como secretario general pueda estar como investigado –y no la persona jurídica (PSOE)– tendría que haber unos indicios muy relevantes de que él ha sido el que ha dado esas instrucciones y esas órdenes para llevar a cabo la la financiación irregular».

Respecto a una condena firma contra Sánchez, el catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Valencia ha expresado que su continuidad en la Moncloa «depende de la pena correspondiente al delito», ya que «normalmente, las penas privativas de libertad comportan también la de inhabilitación para cargo público».

Sobre este extremo, la profesora de Derecho Penal del CEU ha explicado que si prosperase la querella contra Sánchez por falso testimonio, en principio no conllevaría una inhabilitación porque «el artículo 502 del Código Penal, el que regula este delito, no prevé la inhabilitación porque no depende de una autoridad o funcionario público, sino simplemente faltar a la verdad».

Sin embargo, ha reseñado que «como él va como autoridad» sí que «como consecuencia accesoria del delito cometido podría ser inhabilitado dentro de las de las penas accesorias». «Todos los delitos de tráfico de influencias, malversación –todo lo que se refiera precisamente al ejercicio de su cargo y que son delitos de funcionarios públicos– sí que lleva la inhabilitación dentro del tipo penal», ha agregado.