Vox tilda de «engaño» el debate sobre financiación y aboga por «repensar» el modelo autonómico

Desde el partido de Santiago Abascal consideran que el debate sobre financiación autonómica, de nuevo en el foco estos días tras el acuerdo de Pedro Sánchez y ERC para privilegiar a sus socios, es un debate «artificial recurrente», diseñado, según ha señalado el portavoz del partido, José Antonio Fúster, por el PP y por el PSOE «para no hablar de que el sistema autonómico ha fracasado» y que es, a su juicio, «el origen de la desigualdad, el despilfarro y el chantaje separatista». Y asegura que su partido no participará en lo que tilda de «engaño».

En rueda de prensa, Fúster ha indicado que el «oscuro y complejo» sistema de financiación autonómica no mejorará la vida de los ciudadanos, sino solo «el ansia de poder de los separatistas que controlan al Gobierno corrupto de Sánchez». Para el portavoz del partido de Santiago Abascal «los barones fingen discutir, pero siempre acaban de acuerdo en los mismo: más dinero, más competencia, más poder para ellos, mientras los españoles son los que pagan la factura».

Según ha manifestado, en Bambú están convencidos de que no se trata de discutir «cómo pagar el estado autonómico», sino si tiene sentido seguir manteniéndolo. «Lo que es malo para un aragonés no puede ser bueno para un cántabro; y lo que es bueno para un murciano debe serlo también para un asturiano», ha resumido. Así, ha recalcado que la posición de Vox no es que hay que reformar la financiación autonómica, sino que «hay que repensar el modelo autonómico» porque, en su opinión, el sistema no ha mejorado los servicios públicos ni ha traído concordia, sino que «ha ocasionado desastres, ha creado nuevos centralismos, ha alimentado el separatismo y ha abandonado el mundo rural».

En este contexto, ha defendido que la propuesta de Vox de bajar de forma masiva los impuestos a nivel nacional, eliminar los «privilegios fiscales injustos», suprimir cualquier cesión económica al separatismo, reducir el gasto político «inútil» y llevar a cabo un proceso para devolver las competencias de Sanidad, Educación, Justicia e Interior al Estado «para garantizar la igualdad, la coordinación y la eficiencia».