Chalecos caducados y sin aire acondicionado: investigan a Interior por las condiciones de la Policía

La Audiencia Nacional ha dado un paso relevante en el procedimiento judicial iniciado por el sindicato JUPOL contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP) por el presunto incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales y la vulneración de derechos fundamentales de los agentes de la Policía Nacional.

Mediante un auto dictado el pasado 9 de diciembre de 2025, la Sala de lo Social ha acordado la apertura de diligencias previas al juicio y la admisión de una amplia batería de pruebas propuestas por el sindicato mayoritario en la Policía Nacional. Entre ellas, el interrogatorio de representantes legales de Interior y de la DGP, así como el requerimiento de abundante documentación oficial relacionada con evaluaciones de riesgos, agresiones a policías, chalecos antibalas, equipos de protección individual, riesgos psicosociales, auditorías preventivas y participación sindical.

Desde JUPOL subrayan que este movimiento judicial supone un punto de inflexión, al obligar por primera vez a la Administración a aportar de forma oficial y sistematizada información clave sobre su modelo de prevención. «Se abre una fase en la que Interior y la Dirección General de la Policía van a tener que explicar y documentar qué están haciendo realmente en materia de prevención de riesgos», explican fuentes de JUPOL consultadas por El Debate.

Uno de los aspectos centrales de la demanda es la dotación de chalecos antibalas. Según el sindicato, la versión oficial de Interior –que sostiene que todos los policías disponen de este material– no se corresponde con la realidad operativa. «Actualmente, hay policías que salen a la calle sin un chaleco antibalas de dotación individual», señalan desde JUPOL. En muchos casos, los agentes utilizan chalecos «correctivos», que se comparten entre varios efectivos. «No son de la talla de la persona, no siempre están en buen estado y, en muchos casos, los materiales están caducados según las fechas del fabricante, lo que reduce de forma significativa su efectividad real», advierten.

La Audiencia Nacional ha solicitado precisamente información detallada sobre el número de chalecos disponibles, su estado y los criterios de asignación, así como datos estadísticos sobre agresiones a policías, un fenómeno que, según el sindicato, se encuentra en máximos históricos.

Responsabilidad compartida entre Interior y la DGP

Para JUPOL, la responsabilidad del presunto incumplimiento es compartida. «Interior es quien dirige y marca la política general, y la Dirección General de la Policía es quien ejecuta. Ambos son responsables de que no se esté cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales», afirman las mismas fuentes.

El sindicato sostiene que no se trata de fallos puntuales, sino de un problema estructural que afecta a prácticamente todos los ámbitos de la seguridad y salud laboral dentro del cuerpo. Por ese motivo, la estrategia judicial ha cambiado respecto a años anteriores. «Antes se denunciaban hechos concretos: una comisaría, un agente sin chaleco. Ahora se ha planteado de forma global porque el incumplimiento es generalizado», explican.

Desde JUPOL niegan que Interior haya intentado corregir estas deficiencias en las semanas previas al avance del procedimiento judicial. «No ha habido ningún intento, y no lo habrá. Lo habitual es escurrir el bulto y recurrir para alargar los plazos, a ver si alguien se cansa antes de que termine el proceso», señalan.

En cuanto a la participación sindical, el diagnóstico es igualmente crítico. «Cuando pedimos inspecciones, se hacen porque la ley obliga, pero no tienen consecuencias reales. Se ponen parches provisionales y nada cambia», denuncian.

Esta situación es la base de la acusación de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical incluida en la demanda. «No se tienen en cuenta las demandas sindicales en materia de prevención ni se permite que las acciones sindicales sean realmente efectivas. Eso acaba atentando contra nuestros derechos», subrayan.

Si la Audiencia Nacional acabara dando la razón a JUPOL en el fondo del asunto, el impacto para Interior podría ser significativo. «Supondría empezar a cumplir la normativa de verdad, lo que implica un gasto económico que no se ha querido asumir durante años», explican desde el sindicato.

A su juicio, el problema es que ese coste se acumula ahora de golpe, en un contexto de dificultades presupuestarias. «Las cajas pagadoras de muchas comisarías están vacías. Este verano hemos visto problemas para pagar dietas de desplazamiento o incluso para reparar sistemas de aire acondicionado», recuerdan. En algunos casos, denuncian, los agentes han trabajado en comisarías con temperaturas superiores a los 30 grados.

Marlaska, en el centro de las críticas

JUPOL considera que el procedimiento judicial cuestiona directamente la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al frente del departamento. «Hemos pedido su dimisión en reiteradas ocasiones. No ha trabajado en favor de los policías ni de sus derechos», sostienen.

El sindicato amplía sus críticas más allá de la prevención de riesgos laborales, mencionando el incumplimiento de la equiparación salarial, la falta de avances en una jubilación digna y la ausencia de gestos hacia agentes agredidos en acto de servicio. «En algunos casos ni siquiera ha habido una llamada de pésame», lamentan.

En este contexto, JUPOL también ha denunciado recientemente la entrega de medallas a mandos jubilados afines, pese a resoluciones judiciales contrarias. «Es una muestra más de que se mira solo por los intereses de determinados comisarios, mientras se deja de lado a los policías de escala básica y a los agentes que están en la calle», concluyen.

Mientras el procedimiento avanza en la Audiencia Nacional, Interior y la DGP deberán ahora aportar la documentación requerida y someterse al escrutinio judicial sobre un modelo de prevención que, según JUPOL, ha demostrado ser «insuficiente y alejado de la realidad operativa» de la Policía Nacional.