El Gobierno retrasa la convalidación del decreto de las pensiones hasta 12 días antes de las elecciones en Aragón

El Gobierno ha decidido retrasar la convalidación del real decreto ley sobre la revalorización de las pensiones y la subida de las mínimas hasta el límite legal, con el propósito de que la votación en el Congreso se produzca en plena campaña de las elecciones en Aragón del 8 de febrero; una comunidad con más de 300.000 pensionistas. Concretamente, el martes 27 de enero, en la primera semana de la campaña de unos comicios en los que la candidata socialista, Pilar Alegría, se medirá al presidente y candidato del PP, Jorge Azcón, que tiene una ventaja de unos 15 puntos en las encuestas.

Como ya informó El Debate, éste es un decreto trágala para los socios del Gobierno y una trampa para el PP; porque mezcla las pensiones con la prórroga de varias medidas del llamado «escudo social» y con otras que nada tienen que ver con lo primero ni con lo segundo, y se vota todo junto. Son lentejas. Entre esas medidas están la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, que está en vigor desde la pandemia (desde abril de 2020) y que Junts considera que favorece la inquiokupación. También, la prohibición del corte de suministros básicos, el bono social eléctrico, incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano y una cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, entre otras.

La Presidencia del Congreso informó este martes de que el Pleno extraordinario para que la Cámara Baja se pronuncie sobre ese decreto ley y sobre otro que regula el abono transporte para trenes y autobuses estatales se celebrará el 27 de enero por la tarde. Ambos fueron aprobados en el último Consejo de Ministros del año, el pasado 23 de diciembre.

La Constitución establece que el Congreso ha de pronunciarse sobre cualquier real decreto ley en el plazo de 30 días desde su promulgación, para convalidarlo o derogarlo. Normalmente, el Ejecutivo no apura el plazo de 30 días naturales, y menos aún días hábiles. De hecho, en enero de 2025 la Cámara Baja votó los últimos decretos leyes del año 2024 tal que un 22 de enero. Así que esta vez el Pleno (extraordinario, puesto que enero es un mes fuera del periodo ordinario de sesiones) también debería haber sido convocado en la semana del 20 de enero. Pedro Sánchez participará los días 20 y 21 -martes y miércoles- en el Foro Davos, en Suiza, pero ni siquiera eso sirve de excusa: el PSOE impulsó una reforma del Reglamento del Congreso para que el presidente y los ministros que son diputados puedan votar telemáticamente si están en viaje oficial.

La explicación

La realidad es que, en esta ocasión, a los socialistas les interesaba que la fecha de la votación coincida con la campaña en Aragón, puesto que toda ayuda es poca para Alegría. Más aún después de que Sánchez y María Jesús Montero le echaran una mano al cuello la semana pasada, al hacer pública su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico: un banquete para Cataluña y un menú del día para el resto de las comunidades del régimen común, como contó este periódico.

El Gobierno no cuenta aún con los votos para convalidar este decreto ómnibus, como dejó caer este martes la portavoz en la Moncloa, donde invocó el «diálogo», como siempre. Sánchez tiene dos opciones: o convence a Junts para que vote «sí» o convence al PP para que se abstenga.

Eso sobre el papel, porque en realidad el Ejecutivo busca un win win en medio de la campaña aragonesa. Si el decreto ley es convalidado, los socialistas proclamarán que sigue mejorando la vida de la gente gracias a su capacidad de llegar a acuerdos y de persuasión. Si decae, el Gobierno no asumirá la responsabilidad, sino que el titular que difundirá es el que ya forzó en enero de 2025; cuando llevó al Congreso la anterior subida de las pensiones en otro decreto batiburrillo y decayó con los votos del PP, Vox y Junts. Ese titular es que el PP vota en contra de los pensionistas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue preparando el terreno en la rueda de prensa de este martes en la Moncloa: «En materia de pensiones, hemos visto que por la trayectoria que tiene el PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable», retó a los populares.

Aunque el PP no ha anunciado el sentido de su voto ni probablemente lo haga hasta el día de la votación (es su proceder habitual, para no dar pistas al Ejecutivo), lo previsible es que no vote a favor en ningún caso. La cuestión es si se abstendrá o votará en contra. Los de Alberto Núñez Feijóo deben calibrar la envolvente y sus consecuencias.