Montero ofrece un banquete para Cataluña y el menú del día para el resto y además con condiciones

La ministra de Hacienda se enfundó la chaqueta de reina maga y anunció una lluvia de 20.975 millones de euros más en 2027 para las comunidades del régimen común, hasta llegar a 224.507 millones en transferencias solo ese año, para que paguen la costosa cuenta de la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda. Supuestamente, sin letra pequeña. Aunque claro que la tenía.

María Jesús Montero compareció este viernes para explicar su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, adelantado un día antes por Oriol Junqueras. Un modelo que la también candidata del PSOE en Andalucía vendió como la panacea, bajo la apariencia de que garantiza la solidaridad interterritorial, blinda el Estado del Bienestar, refuerza la autonomía fiscal y reduce de la brecha entre comunidades en la financiación por habitante. Cuando, en realidad, es un banquete para Cataluña y un menú del día para el resto de las comunidades. O lo sería, de ser aprobado, porque su articulación a través de una reforma de la actual Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas tiene un panorama sumamente complicado en el Congreso. Empezando porque Junts se opone, y el Ejecutivo necesitaría mayoría absoluta (176 votos).

«Sectarismo político» del PP

La ministra incluso presumió de generosidad, al destacar que el 70 % de los ingresos extra que inyectará el Estado a las comunidades irá destinado a aquellas gobernadas por el PP y que, por lo tanto, sería puro «sectarismo político» que los populares se opusieran a algo tan bueno para sus ciudadanos, solo porque viene de Pedro Sánchez. Lo que no dijo la número dos del Gobierno es que más del 22 %, unos 4.700 millones, serán solo para Cataluña, que se garantiza además que recibirá en función de lo que aporta, y no menos. Y también se le olvidó mencionar que el PP gobierna en 11 de las 14 comunidades del régimen común, en todas menos Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A Montero se le vio pronto el cartón cuando deslizó la filosofía de este nuevo modelo, sustentado en el récord de recaudación por impuestos de la Administración. Básicamente el Estado cederá mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades (del 50 % actual en ambos casos al 55 % y el 56,5 %, respectivamente) e incluirá nuevos impuestos en el menú de esas transferencias, pero con esa coartada atará en corto -o pretende hacerlo- a las comunidades del PP para que no ejerzan su autonomía fiscal. La ministra de Hacienda no lo llamó tal, sino que habló de establecer un límite para el «dumping fiscal», al estilo del que ya rige en el impuesto sobre el patrimonio. He ahí la condicionalidad del nuevo modelo. «Es como decir 'yo bajo mis impuestos, súbelos tú para que yo pueda prestar servicios del Estado de Bienestar'», según Montero.

Casi toda su comparecencia fue una crítica al uso que, según ella, las comunidades del PP están dando a los recursos que actualmente reciben del Estado. «Estamos transfiriendo cada vez más fondos, hasta ahora 300.000 millones de euros más que el Gobierno de Mariano Rajoy, y el ciudadano no lo nota por el interés privatizador de los gobiernos del PP», sostuvo.

La vicepresidenta primera anunció que convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo miércoles, para discutir su propuesta en un foro común. Después, la intención de Hacienda es mantener reuniones bilaterales con todas las comunidades para que hagan sus alegaciones y, luego ya, el nuevo modelo sería elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros como anteproyecto de ley. Tras una segunda lectura en el Consejo de Ministros ya como proyecto de ley y su aprobación en las Cortes, Montero confió en que pueda estar en vigor en 2026. Pero sería la primera vez -y no parece que vaya a serlo- que sus cálculos se cumplen en algo. Nunca ha sido así con los Presupuestos de los sucesivos años ni tampoco con la condonación parcial de la deuda a las comunidades, que acaba de iniciar su trámite parlamentario.

Como contó El Debate, este movimiento de Sánchez, en este momento, únicamente sirve para que el presidente gane tiempo, para facilitar los Presupuestos a Salvador Illa, para mimar a un socio fiel como ERC y, sobre todo, para reventar la campaña de Pilar Alegría en Aragón. La de María Jesús Montero en Andalucía, la vicepresidenta que parte y reparte, irá después.