Sánchez gana tiempo para él y unos Presupuestos para Illa a costa de sacrificar a Alegría y Montero

Sostuvo el Gobierno que la ley de amnistía no contravenía el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de los españoles ante la ley. Después sostuvo que la condonación parcial de la deuda a las comunidades era compatible con el artículo 135, el que obliga a todas las administraciones públicas a guiarse por el principio de estabilidad presupuestaria. Y ahora sostiene que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta totalmente el artículo 138, el que mandata al Estado a garantizar el principio de solidaridad entre territorios, reconocido a su vez en el artículo 2.

El presidente del Gobierno intentó este jueves desabrocharse la camisa de fuerza en la que sus socios de izquierdas y derechas independentistas y nacionalistas han convertido la legislatura cerrando con ERC un nuevo modelo de financiación autonómica que atiende a tres urgencias: dar imagen de que la legislatura está viva, mimar la relación con un socio tan fiable como lo ha venido siendo Esquerra y facilitar los Presupuestos a Salvador Illa.

No obstante, este acuerdo necesariamente ha de tener truco, por más que el Ejecutivo asegure que todas las comunidades del régimen común salen ganando. La trampa de la quita es que pierden las comunidades más cumplidoras, porque se socializan 83.252 millones de euros de deuda de todas ellas. De manera que un extremeño, un cántabro o un aragonés dejan de tener una deuda como extremeño, cántabro o aragonés y pasan a tener otra mayor como españoles. En esta ocasión, y a falta de conocer los detalles que ofrezca la vicepresidenta María Jesús Montero este viernes en rueda de prensa, la bolita se esconde en un cubilete distinto: el Gobierno pretende restar recursos al Estado y transferírselos a las comunidades, de forma que el extremeño, el cántabro y el aragonés perderían financiación per cápita como españoles y ganarían algo como extremeño, cántabro y aragonés. Pero nunca, claro está, tanto como Cataluña, que recibirá 4.700 millones de euros extra.

La puesta en escena del acuerdo de este jueves fue un tiro en el pie de Pedro Sánchez, inexplicable desde el punto de vista político y comunicativo, si no fuera porque la necesidad obliga. La suya y la del presidente catalán, que precisa que ERC le apruebe unos Presupuestos sí o sí, puesto que está gobernando con unos heredados de Esquerra. De hecho, este viernes Illa y Oriol Junqueras se reúnen en el Palau de la Generalitat para retomar unas negociaciones ahora más sencillas.

Primero, el presidente dejó que Junqueras se colgase la medalla, anunciara a la salida de su inédita visita a la Moncloa 4.700 millones más para Cataluña y la garantía de que el principio de ordinalidad regirá el nuevo modelo de financiación. Es decir, si Cataluña es la tercera que más aporta, será la tercera (como mínimo) que más recibe. Después, el Gobierno intentó negar que el acuerdo suponga una financiación privilegiada para Cataluña a través de un simple comunicado, sin que ningún miembro del Ejecutivo compareciera en la Moncloa.

Mientras, la bola fue engordando. El PP, los presidentes de las comunidades donde gobierna y también el socialista Emiliano García-Page salieron en tromba contra la propuesta -aún por concretar- del Ejecutivo, amenazando incluso con acudir al Tribunal Constitucional. También Junts cargó contra ella, porque según los de Carles Puigdemont no acaba con el «expolio fiscal» a Cataluña.

En plena precampaña en Aragón

Pero lo más significativo es que Sánchez haya apretado el botón de la financiación autonómica justo un mes antes de las elecciones en Aragón, haciendo saltar por los aires la campaña de Pilar Alegría. Aunque desde la Moncloa niegan la mayor. Sostienen, al contrario, que la candidata socialista tendrá ahora una baza más porque el nuevo modelo beneficia a todos, también a los aragoneses. Y que el agravio entre Cataluña y el resto de las comunidades no es real, sino solo un relato interesado de la derecha, ante el que el Gobierno tiene el «reto comunicativo» -así lo definen- de darle la vuelta. No obstante, peor que Alegría lo tiene María Jesús Montero, muñidora de este nuevo modelo y, a pesar de ello, candidata a las elecciones andaluzas. Entre medias también pillará de lleno al candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez.

La razón hay que buscarla en las urgencias y prioridades del presidente: sobre todo y ante todo, la Moncloa, por delante de cualquier elección autonómica. Después, Cataluña, la comunidad que en las elecciones generales de julio de 2023 dio la vida a Sánchez: allí, el PSC sacó al PP una ventaja de 13 escaños y 21 puntos.

A la propuesta que Montero detallará este viernes le queda un recorrido tan largo como incierto, porque incierta es la duración de la legislatura. Primero ha de debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la vicepresidenta convocará en los próximos días. El PP no puede vetarlo en ese foro, a pesar de gobernar en la mayoría de las comunidades. Después será elevado al Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica, el que reformará la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. A partir de ahí vendrán los informes de los órganos consultivos y una segunda vuelta en el Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley. Después, el trámite parlamentario, que Junts complicará. Al ser ley orgánica, Sánchez necesita 176 votos, mayoría absoluta.

No obstante, eso es adelantar muchas pantallas. La prisa del presidente se limita, de momento, a que parezca que avanza. «Dicen algunos que no gobernamos, pero en pocas horas hemos cerrado un acuerdo con la Iglesia y el nuevo modelo de financiación», resumen en el Ejecutivo.