La asociación mayoritaria de fiscales exige a Peramato que haga público el decreto que salvó a García Ortiz de la expulsión

La Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) ha exigido explicaciones a la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por primera vez desde que asumiese el cargo, tras conocerse que salvó a su predecesor Álvaro García Ortiz, de la pérdida de su condición profesional de por vida, a la que se enfrentaba tras ser condenado en firma por el Supremo (TS) como autor responsable de un delito de revelación de datos reservados. No en vano, según la información publicada por El Debate, en primicia, Peramato no sólo justificaba que no se expulsase a García Ortiz, sino que firmaba el decreto planteado por la Inspección Fiscal para reincorporar al ex titular del Ministerio Público, alegando que la sentencia impuesta por el Alto Tribunal no contemplaba pena de prisión.

De hecho, tal y como adelantó este diario, la restitución de García Ortiz en el servicio activo, adscrito a la Sección de lo Social de la Fiscalía del TS, era el resultado de una interpretación extensiva y favorable de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, sin embargo, desde el Gobierno y la cúpula de Fortuny, se negaron a aplicar al entonces fiscal general para exigir su cese, una vez procesado en firme.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que «la noticia no fue desmentida por la Fiscalía General del Estado», los fiscales piden a Peramato que haga «público» el contenido de la resolución no sólo «por referirse a una cuestión de enorme trascendencia mediática», sino por el incuestionable «interés público» de la decisión adoptada y porque, además, «las noticias publicadas se refieren a una doctrina jurídica que sería de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal», recoge la carta remitida por la AF a su máxima representante jerárquica, a la que ha tenido acceso El Debate.

«Hemos tenido que conocer por la prensa que se ha llevado a cabo un estudio del alcance del concepto «delito doloso» por la Inspección Fiscal para determinar si la condena del Sr. García Ortiz, producida por STS de 9 de diciembre de 2025 y en aplicación de lo dispuesto en el EOMF, así como en el Reglamento», de la que no han sido debidamente informados, lamentan los fiscales en la misiva.

«Suponemos, dado que esta es la forma reglada, que ese estudio cristalizó en una propuesta de resolución y que sobre la base de tales actuaciones usted dictó el decreto de reingreso y adscripción», añaden en el texto dirigido a Peramato.

Los fiscales piden conocer los motivos que han llevado a la titular del Ministerio Público a beneficiar a su predecesor pese a la gravedad del delito cometido, cuya «trascendencia» es «pluridimensional»

No en vano, los medios de comunicación «informaron igualmente» de que «tal decisión se basaba en una concreta interpretación del artículo 44 del EOMF que tiene apoyo en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de octubre de 2017» que, a juicio de la AF, «se pronuncia sobre una cuestión diferente a la que afecta al Sr. García Ortiz, que contiene un solo párrafo aplicable a este caso». En efecto, la sentencia dice que «es cierto, por otro lado, que quienes perteneciendo ya a la Carrera Judicial o a la Carrera Fiscal sean condenados por delito doloso solamente perderán necesariamente su condición si se les impone una pena privativa de libertad superior a seis meses», según el artículo 379.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 44.2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y, si la condena es a menos de seis meses de privación de libertad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Fiscal General del Estado, «de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, pueden sustituir la pérdida de la condición de juez o magistrado o de fiscal por la de suspensión hasta tres años».

Llegados a este punto, los fiscales exigen transparencia en cuanto al fondo del decreto dictado por la nueva fiscal general que «debe contener la motivación propia de toda resolución, sea esta judicial o administrativa, exigencia acentuada cuando se toman decisiones discrecionales dado es la única forma de excluir la arbitrariedad».

Y, «debe ser una motivación que atienda a la entidad del delito cometido, es decir, a la trascendencia del mismo que en este caso es pluridimensional», añade la carta de la AF.

«Su importancia deriva no solo de la infracción del ordenamiento jurídico por quien tenía la obligación funcional y de origen constitucional de preservarlo quebrantado el deber de reserva de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, con ser ello grave. Sino que además ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos en nuestra Institución», remarcan los fiscales.

«Para sanar estas heridas, para emprender esa nueva andadura a la que nos invitaba al concluir su discurso de toma de posesión, para hacer efectiva la transparencia propia de la actuación de las Instituciones de un Estado de Derecho es imperativo que (...) haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, por ser la decisión adoptada (...) de interés general que trasciende al régimen propio del Ministerio Fiscal», concluye el texto.