La rebelión asturiana contra Sánchez destapa el miedo a que caiga el penúltimo bastión socialista

La beligerancia del Gobierno del socialista Adrián Barbón contra la reforma del modelo de financiación autonómica propuesta por la ministra de Hacienda ha descolocado a María Jesús Montero. La vicepresidenta primera esperaba más camaradería y comprensión por parte del Principado de Asturias, puesto que a la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page la daba por perdida de antemano, y se encontró con un Ejecutivo en pie de guerra contra la financiación a la carta de Cataluña. Sin ambigüedades ni contemporizaciones, como sí las hubo en otras ocasiones.

La cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 ha comenzado. Barbón se enfrentará a su reválida en las urnas dentro de 16 meses. Los privilegios de Pedro Sánchez a Cataluña han pasado factura a las expectativas electorales de los socialistas en toda España, también en Asturias, penúltimo bastión del socialismo junto con Castilla-La Mancha (Cataluña no puede ser considerada un bastión del PSC). El presidente asturiano sabe que el cupo catalán y la financiación privilegiada de Cataluña desprenden toxicidad en una región como la suya, así que necesita marcar distancias. En todo caso, él lo tiene mejor que Pilar Alegría en Aragón, Carlos Martínez en Castilla y León y la propia Montero en Andalucía.

La polémica continuó este jueves, tras lo ocurrido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. Allí, la vicepresidenta y consejera de Presidencia asturiana, Gimena Llamedo, avisó a Montero de que el Principado no aceptaría nunca un modelo que perjudica los intereses de sus ciudadanos. Un día después, la propia Llamedo entró en RNE para reiterar las quejas del Gobierno de Barbón por «las formas» de Hacienda y también «el fondo». Y llegó a denunciar que la vicepresidenta Montero hubiera puesto una especie de «ultimátum» a las comunidades. «Asturias está claramente en contra de la ordinalidad», resumió.

El capítulo de la financiación ha hecho aflorar tensiones entre ambos ejecutivos por las prebendas para Cataluña y por el peaje de Huerna, que tiene a los socialistas asturianos abiertamente enfrentados con el ministro Óscar Puente por la negativa de éste a suprimirlo. Rencillas que debieran haberse limado en la Conferencia de Presidentes que Pedro Sánchez se comprometió a celebrar en diciembre en Asturias, pero que la Moncloa ha pospuesto ya dos veces hasta nuevo aviso. Primero, por las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre. Y ahora, por las elecciones en Aragón del 8 de febrero. Teniendo en cuenta que a mediados de marzo habrá comicios en Castilla y León, es de prever que el cónclave de presidentes se aplace hasta después.

La rebelión asturiana comenzó a fraguarse, en realidad, el pasado mes de julio. El día 14, el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña cerraron el acuerdo que serviría de germen para el cupo catalán, según lo pactado un año antes con ERC: una Hacienda propia que gestione, parta y reparta todos los impuestos que se recauden en la comunidad cuya clase dirigente malversó dinero público (así lo sentenció el Tribunal Supremo) para financiar el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El presidente asturiano dijo basta y promovió una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Asturias en contra de tal acuerdo. El resultado fue una proposición no de ley respaldada el 21 de julio tanto la izquierda como el PP y Foro Asturias. Solo Vox votó en contra. En ella, la clase política del Principado rechazaba «la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras»; e instaba al Gobierno de Barbón a «utilizar todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias».

El Ejecutivo asturiano justifica su oposición al nuevo modelo de financiación en esa iniciativa del Parlamento del Principado y en el llamado Pacto de Santiago, suscrito a finales de 2021 por ocho comunidades -con gobiernos del PP y del PSOE- para demandar al Gobierno un modelo de financiación que tuviera en cuenta «el coste real de los servicios públicos» en aquellas regiones aquejadas por los males de la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica. Eran Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cantabria.

Este jueves, la vicepresidenta primera compareció en el Pleno del Senado para hablar del caso SEPI -o para no responder, en realidad- y después, en los pasillos, sangró por la herida: «Aquí a todo el mundo se le llena la boca hablando de España, pero luego cuando hay que construir España, por ejemplo, con el reparto de recursos, todo el mundo se borra», lamentó.