Cómo funciona el negocio de robar cables de cobre en España, una industria al alza que asola a los ciudadanos

Son las tres de la madrugada en el corazón de la Península. El silencio y la oscuridad reinan en la noche. No hay ruido ni testigos. En esa quietud, una persona hace algo cada vez más común: corta un cable de cobre. Parece insignificante, pero esa acción, aparentemente una menudencia, provoca un efecto cadena con trenes detenidos, retrasos, viajes varados y un sistema ferroviario obligado a activar protocolos de emergencia.

Los datos no mienten. Según números ofrecidos por el Ministerio del Interior, estas acciones no son hechos aislados, sino que se enmarcan dentro de un patrón en pleno auge. Hace tan solo un lustro, en 2021, se contabilizaron en todo el año 2.365 robos de cobre y materiales conductores. En 2024, ya fueron 4.433, casi el doble. Aunque las cifras definitivas de 2025 todavía no se han cerrado, fuentes policiales reconocen que «el ritmo de denuncias apunta a una estabilización en cifras muy altas, lejos de una corrección a la baja».

El impacto más visible de este problema lo sufre el ferrocarril. Un responsable técnico del ámbito ferroviario asegura que «el cable que se roba no es solo alimentación eléctrica, afecta sobre todo a sistemas de señalización, comunicaciones y seguridad. En cuanto hay una mínima duda sobre su integridad, la circulación se detiene». Desde Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) subrayan que «la relevancia de los robos sufridos debe medirse fundamentalmente en términos de repercusión social, dado que la red ferroviaria es una infraestructura crítica que presta servicio a la ciudadanía. En este sentido, el ciudadano, el viajero, es el primer afectado por estos delitos contra los bienes públicos, ya que repercuten directamente sobre los servicios ferroviarios».

Las consecuencias de los robos se miden en horas de retrasos, trenes suprimidos y miles de pasajeros afectados, además de los propios problemas de seguridad que representan. «Un cable robado puede inutilizar sistemas que garantizan que dos trenes no entren en el mismo tramo a la vez, por eso se actúa con máxima prudencia», insisten los técnicos.

Fuera del ámbito ferroviario, el robo de cobre golpea con especial dureza a zonas rurales, ya que objetivos frecuentes son el alumbrado público, estaciones de bombeo, depuradoras, explotaciones agrícolas, instalaciones de telecomunicaciones o huertos solares. El impacto va mucho más allá del valor del metal.

¿Cómo se producen estos robos?

El modus operandi de los ladrones varía mucho según su perfil. En los robos de menor escala predominan pequeños grupos o individuos que actúan de noche, aprovechando zonas poco vigiladas para sustraer decenas o cientos de metros de cable. «Son rápidos, reincidentes y asumen que, si los pillan, las consecuencias penales son limitadas», señala una fuente policial. En estos casos, el cobre se pela en descampados o naves abandonadas, a menudo quemando el recubrimiento plástico, con el consecuente riesgo de incendios y daños medioambientales.

Por otra parte, están los robos cometidos por estructuras más organizadas, grupos itinerantes, en algunos casos con ramificaciones internacionales –especialmente del este de Europa, Rumanía y Bulgaria–, que atacan instalaciones industriales o asaltan transportes de cobre reciclado. «Un camión cargado de cobre puede suponer varias toneladas en un solo golpe. Con eso ya compensa organizar un envío al extranjero», explica un investigador. Estas bandas planifican los robos, estudian rutas y utilizan documentación falsa para dar apariencia legal al material.

Una de las claves es el destino final de todo ese cobre robado. Desde el sector legal del reciclaje insisten en que la mayoría de empresas cumplen estrictamente la normativa y colaboran con las autoridades, aunque reconocen que existe un mercado paralelo. «Una vez el cobre está pelado y fundido, pierde su identidad. Es prácticamente imposible saber de dónde procede», explica una portavoz del sector de la recuperación de metales. Parte del material acaba en exportaciones, camuflado entre chatarra legal, rumbo a países con una demanda creciente.

Otra clave es la cotización internacional del cobre, que muchos analistas consideran un termómetro de la economía global. En los últimos años, su precio ha experimentado mucha volatilidad, alcanzando máximos históricos recientes. El mundo consume actualmente más de 23 millones de toneladas anuales, impulsado por la electrificación, las energías renovables y el desarrollo tecnológico. Y detrás de todo un claro actor internacional, China, el principal consumidor de cobre que concentra buena parte de su demanda.

España, por su parte, produce 390.000 toneladas de cobre al año, aproximadamente la mitad procedente de minería y la otra mitad del reciclaje. El material es estratégico, altamente reciclable y con una vida útil prácticamente ilimitada, lo que convierte al material en un objetivo perfecto: es fácil de vender, difícil de rastrear y siempre hay oferta en el mercado internacional.

En esta casuística, las fuerzas de seguridad son otro actor fundamental. En los últimos meses, conforme los robos se han disparado, ellos también han intensificado su respuesta. En 2024 se registraron casi mil detenciones e investigaciones relacionadas con estos delitos, más del doble que cuatro años antes. Aun así, desde la Guardia Civil reconocen las limitaciones. «Vigilamos miles de kilómetros de infraestructuras con recursos finitos. Y muchos detenidos quedan en libertad en poco tiempo y reinciden», lamenta una fuente consultada. La sensación de impunidad es uno de los factores que alimenta el fenómeno.

Hace ya más de una década, el Gobierno de Mariano Rajoy activó un «Plan de Respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el material de cobre» para prevenir todos estos robos y, a su vez, frenar su posterior venta. También modificó el Código Penal para agravar las penas de delitos de hurto «de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos». Pese a estas buenas intenciones, como se puede observar, la actividad relacionada con el cobre ha hecho de todo menos disminuir.

Mientras, en España, son los ciudadanos completamente ajenos al lucrativo negocio del cobre, quienes pagan las consecuencias. Y aquellos que se aprovecharon del silencio de la noche para cortar un cable se llenan los bolsillos mientras el material se expande en ramificaciones incontrolables.