El PP exige explicaciones inmediatas a Alegría y Vox denuncia la «maquinaria socialista» para «engordar a su red clientelar»

El Debate publicó este lunes que una empresa que es propiedad del cuñado de Pilar Alegría, Abel Batalla, ha recibido 1,2 millones de euros entre contratos públicos, subvenciones, préstamos y avales concedidos por el Gobierno cuando Alegría, candidata del PSOE para las elecciones que se celebran en Aragón el próximo 8 de febrero, era ministra. Como informó Alejandro Entrambasaguas, al analizar los expedientes, se ve que la mayor parte de los ingresos públicos que la mercantil ha recibido se concentran a partir de 2021, cuando la dirigente socialista fue designada como titular de Educación y FP.

Tras conocer esta información, desde el Partido Popular de Aragón han urgido a Alegría a dar explicaciones. Ramón Celma, presidente del partido en Zaragoza, considera que «extraordinariamente grave y preocupante», puesto que «aporta claros indicios de un posible trato de favor a la empresa de un familiar de la ministra que no había tenido contrataciones anteriores con el Gobierno». «Tras esta información acerca de los contratos públicos del Gobierno de Pedro Sánchez con el cuñado de Pilar Alegría, después de ser nombrada ministra, debería dar explicaciones de manera inmediata», asegura el dirigente popular.

Celma señala que los aragoneses están «hartos» de que Alegría, que ahora compite por la presidencia de la región, «se ponga siempre de perfil ante escándalos que le afectan directamente y en los que da la callada por respuesta, como con el Parador de Teruel, el caso Salazar y ahora con los contratos públicos que le dio su Gobierno a su cuñado».

Por parte de Vox, trasladan que no les sorprende que «una empresa de un familia de Pilar Alegría reciba inmensas cantidades de dinero público, casualmente cuando la señora Alegría era ministra de Sánchez». Fuentes del partido de Santiago Abascal en Aragón denuncian que «esta es la maquinaria socialista engrasada a su máximo esplendor: engordar a sus afines y a su red clientelar, mientras los españoles viven cada vez peor».

Desde el partido recuerdan además que han presentado una querella hace unos días contra los administradores de la empresa de la familia de Susana Sumelzo, exdiputada socialista y actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, al tener «sospechas de presunta corrupción y de haberse lucrado gracias a contratos firmados con Ayuntamientos del PSOE». Según informó en una nota, les acusan de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.