La SEPI pone en su punto de mira a la empresa de ciberseguridad S2Grupo

La Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), que depende de la vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en el punto de mira a la empresa estratégica S2Grupo de Soluciones de Seguridad, S.L.U., para que dependa del ámbito de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al igual que la compra de Talgo, se negoció en el máximo de los sigilos —«el expediente se ocultó en una carpeta llamada Galgo de acceso restringido»—, las conversaciones con la compañía especializada en ciberseguridad con capital 100 % español se iniciaron a mediados del año pasado. La firma valenciana es una Sociedad Limitada Unipersonal, con 500.000 euros de capital social, cofundada y dirigida por José Miguel Rosell Tejada y Miguel Ángel Juan Bello, y su Consejo Asesor está presidido por Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que compatibiliza con la presidencia de Mediaset España desde mayo de 2024.

Moncloa quiere acelerar en este primer trimestre del año entrar en su accionariado después de que la fusión de Indra, presidida por Ángel Escribano, con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se haya ralentizado por las reservas tanto de consejeros independientes como accionistas por el marcado conflicto de interés de que el presidente ejecutivo de Indra (27,99 % SEPI) compre su propia empresa. Asimismo, Indra Group también está vinculada con S2Grupo, desde noviembre de 2025, que firmó un acuerdo estratégico de colaboración con la firma para el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas de ciberdefensa. Otras alianzas tecnológicas del grupo son con Siemens y Navantia, empresa 100 % de titularidad estatal.

En abril del pasado año, la compañía aprobó su Plan Estratégico para cinco años con el objetivo de convertirse en líder en ciberseguridad en Europa tanto en tecnología de la información como operativa en un entorno digital con una inversión superior a 200 millones de euros hasta 2030. En base a sus futuribles ganancias, «aprobadas a su vez por informes externalizados en una consultoría», se ha incrementado el valor de la compañía en las negociaciones secretas y se «ha solicitado unos 40 millones de euros por aproximadamente el 16 % de las acciones» cuando «dentro de la propia SEPI se cree que su valor no llegaría a ocho millones». «No tiene ningún fundamento inflar la facturación con unos parámetros que se pueden o no cumplir en el futuro» que siembra la duda de «cuál es el verdadero motivo de la operación», detalla una fuente de la sociedad estatal.

Las cuentas de S2Grupo

De hecho, la compañía fue a pérdidas en 2024 —1.632.153 euros—, a pesar de facturar unos 37 millones de euros, «por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado» que hicieron que tanto «los proyectos en curso, así como los nuevos proyectos previamente consolidados, quedaron paralizados», se explica en el apartado de transparencia financiera del grupo. Esta dependencia de los presupuestos del Ejecutivo para ser rentables es otra de las dudas que plantea la posible compra de acciones. «Existe un malestar tremendo dentro de la SEPI por valorar compañías a partir de previsiones futuras que endeudan aún más al holding público», que ya cerró 2024 con unas pérdidas de 501 millones de euros después de tres años consecutivos de obtener beneficios.

El Debate ha preguntado a S2Grupo si negocia su entrada como una empresa participada de la SEPI, dato que no pueden «ni confirmar ni desmentir». Por otro lado, aseguran que «están a la orden del día los movimientos societales en el sector de la ciberseguridad, con fusiones, adquisiciones y compras. En múltiples ocasiones se han recibido ofertas y se han mantenido conversaciones con distintas organizaciones para valorar la entrada de inversores».

Contratos con Defensa

Actualmente, S2Grupo cuenta entre sus clientes con el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el que se ha desarrollado la herramienta denominada GLORIA, pionera de análisis de ciberataques con capacidades de inteligencia artificial. De hecho, el Ministerio de Defensa regido por Margarita Robles, adjudicó un contrato sin publicidad de 1.322.313 euros a S2 Grupo, en agosto de 2025, y una de las razones esgrimidas para la tramitación fue que tenía los derechos de explotación y de propiedad intelectual de GLORIA.

No es el único contrato asignado al grupo con la fórmula de negociado sin publicidad «por razones técnicas» por el Ministerio de Robles. En julio de 2023, la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa para apoyo a las ciberoperaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) cerró otro por 1.746.108 euros. Y más reciente, en octubre de 2025, y por un mayor volumen, 7.765.683 euros, la adquisición de un sistema de monitorización y ciberdefensa para los centros de operaciones de seguridad de los ejércitos. Esta apuesta por reforzar los sistemas y programas del sector de Defensa se unió a la incorporación este verano de Enrique Cubeiro, ex jefe del Estado Mayor, y el coronel retirado José Núñez, que trabajó para la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN.

Contratos con otros ministerios

A su vez, el Gobierno de coalición ha contratado los servicios de S2Group a través del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, en febrero de 2022, por 1.225.526 euros —cuando la compañía tuvo un volumen de negocio de 32,7 millones—; del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares, un negociado sin publicidad de 210.000 euros para sistemas informáticos en julio de 2022. Y otros dos en marzo de 2023: uno para la solución de protección en un procedimiento abierto acelerado, donde sólo se recibió la propuesta de S2Grupo para paquetes de software y sistemas de información por 201.345 euros. Y otro en las mismas circunstancias para servicios de vigilancia y seguridad de la red administrativa por 348.800 euros.

En julio de 2024, fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien adjudicó un plan de ciberseguridad por 316. 037 euros; en marzo de 2025, fue el Ministerio de Educación, cuando ejercía Pilar Alegría, para servicios de operación y asistencia de la oficina de ciberseguridad por 239.919 euros; y, en junio de 2025, el Ministerio de Industria y Turismo de Jordi Hereu adjudicó el soporte al desarrollo de aplicaciones por 209.000 euros en un concurso abierto en el que sólo se presentó S2Grupo de Soluciones de Seguridad, S.L.U.

Fuera del Gobierno de Pedro Sánchez, también se firmó un operativo de cibervigilancia de cara a las elecciones autonómicas de Euskadi en 2024 con el Gobierno Vasco, por 89.887 euros, para monitorizar las redes y hacer frente a posibles fake news. En su cartera figuran compañías de sectores como la distribución, energía, banca y seguros, sanidad e industria después de «20 años desarrollando tecnología propia» con una inversión en I+D+i en torno a 10 millones de euros desde el año 2004.