La Audiencia pide a la Fiscalía que informe sobre su competencia para investigar a Puente por la tragedia de Adamuz

Una semana después del fatídico accidente ferroviario de Adamuz, que ha costado la vida a 46 personas y dejado heridas a decenas de pasajeros, la Asociación Libertad y Justicia ha presentado una querella contra el ministro de Transportes, Oscar Puente, por un presunto delito de homicidio imprudente.

Con las conclusiones preliminares del informe del CIAF (Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios) que apuntan a que la «rotura de una soldadura» en un tramo de vías que Puente aseguró, en numerosas ocasiones, en distintas comparecencias y entrevistas en medios de comunicación, que había sido sustituida de manera «integral», los denunciantes se han dirigido a la Audiencia Nacional para que abra diligencias de investigación contra el máximo responsable de la cartera de la que cuelga Adif, entidad responsable del mantenimiento y conservación de las infraestructuras ferroviarias.

Como es trámite habitual en este tipo de procedimientos, y según ha podido confirmar El Debate a través de fuentes judiciales, el órgano central de instrucción número 6, del que es titular el juez Antonio Piña, ha registrado la querella y abierto diligencias pre procesales, dando traslado del contenido del escrito a la Fiscalía, para que emita el informe preceptivo sobre la competencia del tribunal en una posible causa penal. No en vano, cabe recordar que, al tratarse de un miembro del Gobierno, Oscar Puente es aforado.

Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penalAntonio PiñaMagistrado titular del Instrucción Central número 6 de la AN

En las últimas horas se han recrudecido las acusaciones contra Óscar Puente, por «mentir» tras al accidente ferroviario de Córdoba por sus declaraciones hablando de las intervenciones sobre los raíles reemplazados y sobre la fecha de las auscultaciones en la vías. Unas contradicciones por las que el Partido Popular ha exigido su dimisión.

No en vano, desde la cúpula del PP han afirmado que el ministro no ha proporcionado «información veraz a los españoles» sino que, en todo momento, ha intentado «generar un relato y evitar la responsabilidad del Gobierno». Una maniobra que, sumada a la gravedad de lo ocurrido en Adamuz, resulta «gtravísma».

No en vano, tal y como ha revelado El Debate, en primicia, el Gobierno distribuyó el pasado jueves un argumentario de 32 páginas a la prensa con el encabezado Datos, no relatos en el que afirmaba con rotundidad que el tramo de Adamuz había incluido «el reemplazo completo del carril y las traviesas»; una información que se ha demostrado falsa.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que reconocer el lunes en TVE, después de negarlo durante las 24 horas previas, que en el tramo de vía en el que descarriló el Iryo se ensamblaron raíles nuevos con otros preexistentes, instalados en 1992 (aunque fechados en 1989). «Mucho tramo de vía corresponde con el original porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo», señaló Puente, rectificando su propia versión de los hechos.