El Gobierno se dirige a la derrota de otro de sus «decretos trágala» por utilizar a los pensionistas

El Gobierno se enfrenta este martes a su primer examen parlamentario del año en un momento muy complicado para Pedro Sánchez y los suyos, por la crisis ferroviaria desatada tras el accidente de Adamuz y por el enfado de ERC y Junts ante el caos de Rodalies, que este lunes se cobró sus dos primeras víctimas políticas: fueron cesados el director operativo de Rodalies y el director general de explotación y mantenimiento de Adif. Ambas formaciones catalanas, como también el PP, han pedido en los últimos días la dimisión del ministro Óscar Puente, que será el protagonista de la sesión en el Congreso.

El Ejecutivo somete a convalidación en el Pleno del Congreso los dos reales decretos leyes que aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025, y para ninguno de los dos tiene los apoyos garantizados. Uno es el decreto ómnibus, que mezcla la revalorización de las pensiones al 2,7 % y la subida de las mínimas con la prórroga de otras medidas del llamado «escudo social»; y el otro es un decreto ley que prorroga las ayudas al transporte público y crea un nuevo abono ferroviario. Que el debate y votación de este último coincida por la polémica suscitada por la gestión del Ministerio de Transportes previa y posterior al accidente de Adamuz parece una broma macabra, como detalló El Debate el domingo.

El decreto ley que más papeletas tiene para acabar derogado, casi todas, es el de las pensiones. El Gobierno necesita el voto afirmativo de Junts. Ni siquiera le vale su abstención, puesto que el PP adelantó este lunes que votará en contra. Y todo por el empeño del Ejecutivo en tropezar con la misma piedra con la que ya tropezó el año pasado, cuando el PP, Vox y Junts rechazaron decreto trágala similar y lo tumbaron: mezclar asuntos diversos y dispersos en un único texto y dárselo a aprobar a sus socios de derechas e izquierdas independentistas, como lentejas.

Junts se opone a la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, incluida en el decreto ómnibus

Esta vez existe un agravante, puesto que el partido de Carles Puigdemont tiene bloqueada la legislatura desde principios de noviembre. Además, la norma incluye la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida en vigor desde la pandemia -desde abril de 2020- a la que Junts se opone, porque considera que favorece la inquiokupación. Según su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, castiga a pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso «para complementar una pensión a menudo insuficiente». Asimismo, el decreto ómnibus prorroga la prohibición del corte de suministros básicos y el bono social eléctrico. También incorpora incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano y una cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, entre otras.

La única opción del Gobierno

El Gobierno está en manos de Junts, una vez más. La formación independentista no ha anunciado el sentido de su voto, pero en las últimas horas ha mandado claras señales de que no sacará a Sánchez de esta. Este lunes, su portavoz en el Congreso calificó de «chantaje político» que el Ejecutivo vuelva a meter las pensiones en un decreto ley totum revolutum, y señaló que es «inaceptable». Junts dio más pistas al registrar en la Cámara Baja una proposición de ley para revalorizar todas las pensiones contributivas y no contributivas al 2,7 % (conforme al IPC), como también las principales prestaciones sociales.

Por su parte, el líder de los populares emplazó a Sánchez en una entrevista en Herrera en COPE a aprobar la revalorización de las pensiones en solitario, sin que forme parte de ningún paquete. Y así sí tendría el apoyo del PP. Poco después, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se puso la venda antes de la herida y dejó entrever por dónde irá el argumentario socialista si la norma finalmente cae a la lona parlamentaria: «Cuando los votos del PP son necesarios para que suban las pensiones, el PP no está», lamentó.

En cuando al decreto ley con ayudas al transporte público (tren de larga y media distancia y cercanías, así como autobuses), hasta el accidente de Adamuz, el Gobierno daba por hecho que lo iba a sacar adelante sin mayores problemas. Sin embargo, el caos en el que Rodalies lleva sumido desde el pasado martes ha disparado las dudas sobre el voto de Junts.

Se suponía que iba a ser la primera ocasión de los grupos parlamentarios para pedir explicaciones y responsabilidades al ministro Puente, tras una semana de evasivas y medias verdades. Estaba previsto que fuera él quien defendiera la convalidación del decreto ley en la tribuna de oradores, puesto que la norma es de su Ministerio, pero finalmente será Félix Bolaños y Puente no estará en la Cámara, como figura en la agenda del Gobierno. El ministro de Transportes, no obstante, comparecerá el jueves en el Senado, reclamado por el PP.

¿Se repetirá la historia?

El Pleno de este martes puede asemejarse al del 22 de enero de 2025. Ese día, el PP, Vox, Junts y UPN dejaron caer el decreto ómnibus que había sido aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2024. Este contenía la subida de las pensiones, ayudas a la dana y al transporte, la cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio, medidas tributarias, otras relativas a las empresas electrointensivas… en total, un mix de 80 medidas.

El ejecutivo no dirigió sus críticas contra su socio de investidura por votar en contra, sino contra el PP. Inicialmente, Sánchez sostuvo que no trocearía el decreto para satisfacer las exigencias de Junts. Sin embargo, pronto comprobó que dilatar la reinstauración de las ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones no estaba desgastando al PP, como los socialistas esperaban, sino a él y su Gobierno, que son quienes manejan el BOE. Así que, a los pocos días, reculó y negoció con los independentistas un real decreto ley nuevo, en el que se quedaron fuera medio centenar de las medidas del anterior. Aunque el palacete del PNV se mantuvo. Y entonces, ya sí, el decreto ley fue convalidado.