Del borrado de los ERE al indulto a García Ortiz: el Gobierno impone una justicia a la carta para sus afines

Después de que dos particulares hayan solicitado el indulto total para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz –condenado por revelar secretos de Alberto González Amador, la novia de Isabel Díaz Ayuso– el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Justicia, está tramitando la solicitud y ha pedido un informe al Tribunal Supremo, que fue el órgano que enjuició al entonces máximo jefe del Ministerio Público.

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió el miércoles a esta petición de medida de gracia y –desde el Parlamento Europeo– afirmó que «no hay que anticipar ninguna cuestión, sino dejar trabajar a los organismos técnicos para que continúen un expediente que ya llegará en su momento oportuno a los lugares en donde tenga que recibir o no la bendición por parte del Gobierno».

Pese al tono moderado empleado por Montero, conviene recordar que el procedimiento de indulto se pone en marcha con la presentación de un escrito ante el Ministerio de Justicia, que posteriormente recaba un informe del tribunal sentenciador, dosier que, en principio, no es vinculante.

El Ejecutivo comenzó a esbozar una suerte de Justicia a la carta con los castigados por el golpe de Estado de Cataluña de octubre de 2017. El 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del procés y, ese mismo día, Pedro Sánchez –desde la Moncloa– afirmó que «quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España», unas palabras que entonces suponían descartar la vía de los indultos, aunque luego los aprobó. «Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley», añadió.

Amnistía y borrado de los ERE

Por otro lado, en un debate electoral celebrado en noviembre de 2019, el entonces secretario general del PSOE reprochó al presidente del PP de aquel momento que «a ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont, y yo me comprometo, hoy, aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia».

No obstante, tras las elecciones generales de julio de 2023, el presidente del Gobierno acordó su investidura con formaciones nacionalistas y separatistas, y pactó aprobar una ley de amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato», según recogía el acuerdo suscrito entre los socialistas y los de Puigdemont. La medida fue finalmente aprobada en mayo de 2024 con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos y el BNG. A pesar del esfuerzo del Gobierno –y del aval del Tribunal Constitucional presidido por el magistrado izquierdista Cándido Conde-Pumpido– esta medida de gracia todavía no se ha aplicado al prófugo de la Justicia y expresidente catalán.

Por su parte, en junio de 2024 el Constitucional llevó a cabo el borrado de los ERE de Andalucía, la causa de corrupción que afectó a los dirigentes socialistas Manuel Chaves –que había sido castigado por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación– y a José Antonio Griñán –que fue condenado por prevaricación y malversación a seis años de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargo público por 15 años– durante sus sendas etapas como presidentes andaluces. Así, la Corte de Garantías de Pumpido concluyó que las normas aprobadas por el Parlamento de Andalucía no son resoluciones de índole administrativa y que, por tanto, no pueden quedar sometidas al control de los tribunales.