La AN juzga a la empresa pública Mercasa por presuntas mordidas para construir un mercado en Angola

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a 17 personas, la empresa pública Mercasa y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos.

El juicio, que arrancará el lunes a las 10.00 horas en la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid), está fijado hasta al menos el próximo 26 de febrero. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción contempla condenas de hasta 8 años de cárcel por delitos de malversación y 6 años por organización criminal.

La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado caso Mercasa.

Entre los acusados están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez o el empresario José Herrero de Engaña. También están las sociedades que formaban parte de COMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.

A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acreditar la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa sin coma y por las firmas con las que se asoció a través de una compañía aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la República Dominicana y Angola, añade.

Un mercado mayorista de alimentos

En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el Gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda, la capital angoleña, proyecto de llave en mano' denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país.

La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500 millones de dólares (420 millones de euros) coma aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200 millones de euros.

Según la Fiscalía, los administradores de las empresas españolas, que planificaron la obtención de los contratos públicos en Angola mediante el pago de tales comisiones con el objeto de hacer llegar el dinero a las autoridades y funcionarios públicos angoleños del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Comercio de aquel país, utilizaron los servicios del comisionista angoleño Guilherme Taveira.

Comisiones con contratos públicos

Anticorrupción sostiene que las presuntas comisiones ilícitas destinadas a las autoridades angoleñas eran detraídas del importe de los contratos públicos que celebraban las empresas españolas en Angola mediante contratos de colaboración comercial celebrados con las sociedades Sonadi, Soter y Metab, controladas por el propio Taveira, resultando ser contratos todos ellos instrumentales e inveraces, cuya única finalidad era hacer llegar a este las comisiones para las autoridades y funcionarios públicos de aquel país coma así como el pago de sus ilícitos servicios.

Las apropiaciones de fondos públicos eran supuestamente canalizadas a través de sociedades, y ocultadas mediante contratos inveraces, por lo que la Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados ocasionaron un perjuicio patrimonial a la empresa pública Mercasa de 16,14 millones de euros y solicita su restitución como responsabilidad civil exigible a todos los acusados.

La Fiscalía señala que, una vez iniciada la investigación de este procedimiento, los nuevos gestores de la empresa pública Mercasa adoptaron una posición firme, decidida y proactiva de colaboración con la investigación, aportando documentación y medios probatorios relevantes para identificar a los responsables y para erradicar estas prácticas ilegales de la empresa en el futuro, por lo que considera que concurre una atenuante muy cualificada de colaboración con la administración de justicia, reduciendo en consecuencia las penas solicitadas para esta persona jurídica pública.