El Gobierno abre un nuevo frente contra la Sala Segunda del Supremo tras iniciar el indulto de García Ortiz

El Gobierno gestiona ya la petición de indulto presentada por dos ciudadanos para conmutar la pena impuesta por la Sala Segunda del Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como único responsable de un delito de revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Una decisión que ha abierto un nuevo frente de este Ejecutivo con el Alto Tribunal, al que con demasiada frecuencia y bajo la excusa del lawfare se ha desacreditado y atacado bien directamente o a través de la actuación del Constitucional, convertido en órgano de última instancia y excedido, a menudo, en sus funciones y competencias.

Sin embargo, el Gobierno es consciente de que la última palabra en el asunto García Ortiz seguirá teniéndola el Supremo que, como tribunal sentenciador, tiene la potestad de oponerse a la medida de gracia activada para el condenado y que, en caso de pronunciarse negativamente contra ella, puede determinar el alcance limitado de la misma. Es decir, si el TS informa en negativamente del indulto para el ex fiscal general del Estado, éste solo podrá ser parcial y no total, obligando a Pedro Sánchez a conservar, al menos, una de las dos penas impuestas.

Una posibilidad que, sin embargo, permite al Gobierno decidir cuál de ellas mantiene vigente y cuál anula. Lo que significa que podría decantarse por la multa y hacer desaparecer la inhabilitación de dos años que le impide liderar la Fiscalía y que le obligó a renunciar al puesto para el que fue designado, hasta en dos ocasiones, tras la salida de su predecesora y amiga Dolores Delgado. De ser así, García Ortiz podría, incluso, volver a ser nombrado para su antiguo cargo.

No en vano, existe un precedente en el caso del ex juez Javier Gómez de Liaño que fue indultado, el 7 de mayo de 2003, por el Gobierno popular de José María Aznar, desmarcándose del dictamen discrepante del Supremo que había impuesto un total de 15 años de inhabilitación al juez por un delito de prevaricación continuada, en el caso Sogecable. Liaño, según explicaba entonces el ministro de Justicia, Ángel Acebes, podría reincorporarse a la Magistratura, en activo, pero no regresar a la Audiencia Nacional, don de se produjeron los hechos castigados por el Alto Tribunal.

Así las cosas, no será la primera vez que, en democracia, Moncloa active su legitimación para perdonar a un miembro del Poder Judicial. Una baza que, cabe recordar, sin embargo, que para José Luis Rodríguez Zapatero, quien en aquel momento era el líder de la oposición, supuso una «utilización política del derecho de gracia».

Las posiciones provocaron un enfrentamiento entre Gobierno y Supremo, desde un primer momento. Mientras el TS no tuvo más remedio que aplicarlo, al mismo tiempo inadmitió el reingreso de Liaño en la carrera judicial porque consideraban que la medida vulneraba la ley. Acebes, en nombre del Ejecutivo, remitió una carta al Tribunal para que lo aplicaran íntegramente. Tendría que ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que mediase, en 2002, aprobando la vuelta de Gómez de Liaño al servicio activo en la judicatura, eso sí, tras un Pleno dividido y una votación muy ajustada.