El PP afea a PSOE su bloqueo a leyes para que el funcionario de prisión sea agente de autoridad: «No tienen vergüenza»

La situación de los funcionarios de prisiones ha regresado al centro del debate político en el Congreso. Durante el acto inaugural de una jornada sobre la realidad del personal penitenciario, organizada por el Grupo Popular en la Cámara Baja, representantes sindicales y dirigentes del PP coincidieron en señalar la falta de recursos humanos, materiales y legales como un problema estructural que sigue sin resolverse.

Según informó Europa Press, los portavoces sindicales alertaron de que el marco normativo que regula su trabajo continúa anclado en el Reglamento Penitenciario de 1981, una norma que consideran claramente desfasada y que, a su juicio, no responde a la complejidad ni a los riesgos actuales del trabajo en prisión. Esa obsolescencia legal, advirtieron, se traduce en una mayor exposición de los trabajadores a episodios violentos y en un deterioro progresivo de sus condiciones laborales.

El acto sirvió también para escenificar el choque político en torno a una de las principales reivindicaciones del sector: el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez, arremetió contra el PSOE al que acusó de estar retrasando de forma deliberada la tramitación de dos iniciativas legislativas en este sentido. Según explicó, los socialistas han solicitado hasta 41 prórrogas para aplazar su debate parlamentario, lo que, en su opinión, evidencia una falta de «voluntad política» más que un problema de viabilidad. «No tienen vergüenza», enfatizó.

Vázquez insistió en que la reforma no implicaría un incremento del gasto público y recordó que los funcionarios penitenciarios han sido históricamente un colectivo especialmente expuesto a la violencia, llegando incluso a ser objetivo de la organización terrorista ETA. En ese contexto, citó como ejemplo el asesinato de Nuria López, cocinera de la prisión de Tarragona, que perdió la vida en marzo de 2024 a manos de un interno dentro del propio centro. «El Congreso os tiene que escuchar y vuestras reivindicaciones merecen ser atendidas», afirmó la diputada popular, que expresó su esperanza de que el PSOE desbloquee la tramitación de la ley en los próximos días.

Durante la jornada, representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar pusieron el foco en la necesidad de que el trabajo penitenciario sea reconocido formalmente como una profesión de riesgo. Reclamaron cambios legales urgentes que refuercen la protección de los empleados y denunciaron que la falta de personal y de medios materiales incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores ante incidentes que, según subrayaron, se repiten con mayor frecuencia en los últimos meses.

Los sindicatos destacaron además el agravio comparativo que, a su juicio, existe con Cataluña, donde la competencia penitenciaria está transferida y los trabajadores de las prisiones ya cuentan con la consideración de agentes de la autoridad. Ese estatus, señalaron, ha permitido establecer mayores garantías legales y un respaldo institucional del que carecen los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado en el resto del país, que siguen afrontando las agresiones en una situación de mayor indefensión.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, entre las principales demandas del colectivo figuran la actualización integral de la normativa penitenciaria, una dotación adecuada de personal y equipamiento en todos los centros y el reconocimiento legal de su labor como actividad de riesgo. Medidas que, sostienen, no solo mejorarían la seguridad de los trabajadores, sino que contribuirían a reducir la siniestralidad laboral y a reforzar la estabilidad dentro de las prisiones.

Los representantes de los funcionarios advirtieron de que la parálisis legislativa tiene consecuencias directas y previsibles. Cada retraso, señalaron, aumenta el riesgo de nuevos episodios violentos y agrava una situación de inseguridad que afecta tanto al personal como al conjunto de la población penitenciaria. En ese sentido, reclamaron una tramitación urgente de las iniciativas en el Congreso para evitar que la falta de decisiones políticas siga traduciéndose en problemas operativos dentro de los centros.

En su intervención final, Ana Vázquez volvió a insistir en que el problema no es económico, sino político, y reiteró su acusación de «bloqueo» al PSOE. Recordó que la situación de los funcionarios de prisiones ha sido denunciada de forma reiterada por asociaciones profesionales y sindicatos y defendió la necesidad de abordar una modernización real del sistema penitenciario que supere las limitaciones impuestas por una normativa que, cuatro décadas después, sigue marcando el día a día de miles de trabajadores.