FAES ve «imperdonable» que la izquierda busque reescribir la Guerra Civil: «No hay nada más nocivo»

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –que preside José María Aznar– ha denunciado como «imperdonable» el intento de la izquierda de reescribir la Guerra Civil y ha advertido de que no hay «nada más nocivo para la concordia» que volver a 1936 con fines partidistas. Así lo sostiene en un texto en el que analiza la suspensión de unas jornadas sobre la Guerra Civil previstas en Sevilla, atribuida por sus organizadores, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, a una «campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes».

Según FAES, el anunciado concurso del expresidente José María Aznar fue utilizado como justificación del boicot por quienes consideran «el intercambio libre de opiniones como provocación intolerable». A su juicio, el sectarismo que «revienta espacios de diálogo» es consecuencia de una estrategia deliberada cuyo origen se sitúa en el momento en que una izquierda hasta entonces «institucional» decidió impugnar la Transición y promover una Historia Oficial.

En este sentido, la entidad sostiene que se trató de sustituir el trabajo de los historiadores, confundiendo Parlamento y comunidad académica, para que la política reescribiera la historia, cuando su función debería ser garantizar que los historiadores debatan con libertad la interpretación de los hechos. FAES subraya que «nada más nocivo para la concordia» que intentar presentar hoy a adversarios democráticos como herederos directos de los bandos enfrentados en la Guerra Civil.

El texto también cuestiona la justificación de las políticas de memoria en una supuesta necesidad de justicia reparadora, al recordar que mucho antes de la aprobación de la primera ley de memoria histórica en 2007 ya se habían producido avances significativos. Entre ellos, destaca la reconciliación nacional consagrada en la Ley de Amnistía de 1977 y una Transición culminada en una Constitución de consenso.

FAES recuerda además que el reconocimiento moral y la reparación material del bando vencido estaban asumidos con anterioridad, citando la Declaración aprobada por unanimidad en el Congreso en 2002, que condenó la represión de la dictadura y reclamó el reconocimiento de los derechos de los exiliados, «evitando que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil». Asimismo, menciona la Ley de 1998 sobre restitución o compensación de bienes incautados a partidos políticos durante el periodo 1936-1939.

La fundación señala que incluso un Gobierno socialista admitió en 2006 que, desde la Transición hasta 2005, la democracia española había destinado 16.356 millones de euros a compensar los efectos económicos de la Guerra Civil en el sector republicano, a través de pensiones e indemnizaciones que alcanzaron a más de 574.000 personas.

FAES concluye que la guerra no se olvidó ni tampoco a sus víctimas, pero que lo que se quiso «echar al olvido», en palabras de Santos Juliá, fueron los agravios que pudieran servir para «actualizar» odios entre españoles. A su juicio, las nuevas políticas de memoria no buscaban reparar derechos, sino «reparar el pasado» y reescribirlo según un determinado imaginario, algo que considera impropio de un gobernante responsable y que califica de «literalmente imperdonable». En este contexto, la fundación afirma que «aquí sí procede gritar, sin vacilación alguna, alto y claro: NO A LA GUERRA».