El Gobierno revela en el BOE que no espera tener Presupuestos de 2026 pese a fingir que sí

El Gobierno revela en el BOE del 4 de febrero lo que, en público, oculta y niega la ciudadanía: que no espera tener Presupuestos tampoco en 2026 por falta de una mayoría parlamentaria que los apruebe; por más que el presidente y los ministros repitan incesantemente que sudarán «la camiseta» para convencer a sus socios de izquierdas y derechas independentistas y nacionalistas. Y a Podemos.

El texto del real decreto ley con la subida de las pensiones que aprobó el Consejo de Ministros el martes y que fue publicado este miércoles es una auténtica confesión, sin pretenderlo. En él, el Ejecutivo ha eliminado la referencia a los Presupuestos de 2026 en la disposición adicional primera y la ha sustituido por una fórmula indeterminada. Esta: «En tanto se apruebe una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, el contenido de los títulos IV y VIII, y las disposiciones adicionales concordantes de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, así como sus disposiciones de desarrollo mantendrán su vigencia (…)».

No se trata de un lapsus cometido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños. Porque, de hecho, inicialmente la referencia a los Presupuestos de 2026 sí figuraba en el decreto ómnibus que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre (publicado en el BOE en Nochebuena) y que sirvió para revalorizar las pensiones en enero, antes de que el Pleno del Congreso lo tumbara el martes de la semana pasada. «En tanto, se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026», se leía en aquel.

Pero es que hay más. En 2024 y 2025, cuando el Gobierno también tuvo que subir las pensiones por decreto ley ante la falta de Presupuestos, la redacción también incluía referencia al año, como puede leerse en el real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre; y en el real decreto ley 1/2025, de 28 de enero. El primero rezaba: «En tanto, se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024». Y el segundo: «En tanto, se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025».

Fue la derogación del decreto ómnibus lo que motivó que el Consejo de Ministros tuviera que aprobar el martes, a matacaballo, dos decretos leyes nuevos para separar la subida de las pensiones, de la prórroga de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables, como le había exigido Junts. No obstante, la formación de Carles Puigdemont ha garantizado su apoyo al primero, pero no al segundo, que nació de un pacto con el PNV para excluir de esa moratoria a los pequeños propietarios con dos viviendas.

La letanía infinita

Desde el pasado verano, Pedro Sánchez y sus ministros insisten como en una letanía infinita en que el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos de 2026 y los llevará al Congreso para su debate y negociación con los grupos parlamentarios. Sin embargo, la realidad es que el Gobierno ni siquiera ha cumplido la primera parte, la que depende exclusivamente de él y no del Parlamento: aprobar las cuentas públicas de María Jesús Montero en el Consejo de Ministros. Desde la Moncloa reiteran que ocurrirá antes de que acabe febrero, aunque es evidente que todos los plazos que han dado y que se han dado hasta ahora los han incumplido.

La portavoz del Gobierno fue preguntada al respecto en la rueda de prensa del martes, como lo es casi semanalmente. Y la respuesta de Elma Saiz respuesta fue: «Bueno, como les hemos dicho, a lo largo del primer trimestre se están ultimando los trabajos para cumplir con ese compromiso de presentar esas cuentas. Pero es importante también que vemos, martes a martes, cómo se da respuesta a los diferentes desafíos, como revalorizar las pensiones o desarrollar un importantísimo escudo social», afirmó.

Sin embargo, el Ejecutivo lleva tres años consecutivos teniendo que revalorizar las pensiones por decreto ley precisamente porque no hay Presupuestos desde el ejercicio 2023 y porque lleva viviendo toda la legislatura de prorrogar aquellos. Así pues, desde el 1 de octubre de 2023 el Gobierno está en abierta rebeldía constitucional, dado que presentar las cuentas públicas no es una opción, sino una obligación recogida en el artículo 134.3 de la Carta Magna: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

Si en años anteriores el Gobierno ya tenía difícil que sus socios le aprobaran unos Presupuestos, este 2026 mucho más. De entrada, en el último trimestre de 2025 Montero llevó dos veces al Congreso la senda de estabilidad y dos veces se la echó atrás Junts, que sigue teniendo la legislatura oficialmente bloqueada. Y, como contó El Debate en diciembre, en el Gobierno han asumido que no habrá legislatura hasta que Puigdemont pueda regresar a España. Ése y no otro es el gran impedimento para que el PSOE y los independentistas recompongan su relación. Hasta entonces, los socialistas se conforman con ir parcheando la situación, pasando pantallas sin dejarse todas las vidas.