La ley con la que Sánchez quiere prohibir las redes a los menores está atascada en el Congreso como otras 33

El proyecto de ley de protección de los menores de edad en entornos digitales que está en trámite parlamentario y que Pedro Sánchez quiere utilizar como vía para prohibir expresamente a los menores de 16 años el uso de las redes sociales -introduciendo un nuevo artículo a través de una enmienda- es solo uno de los 34 proyectos de ley que el Gobierno tiene empantanados en el Congreso. Incapaces, como lo son los socialistas, de articular mayorías que les permitan hacer algo más que gobernar por decreto ley.

Muchos de esos proyectos de ley, cuando no la práctica totalidad, están condenados a decaer sin haber sido aprobados cuando el presidente decida disolver las Cortes y convocar las elecciones, ya sea este año o en 2027. Más aún con Junts decidido a mantener su bloqueo a la legislatura hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España. Y el de la protección de los menores en entornos digitales, redactado en el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego y en el Congreso desde abril de 2025, no es una excepción.

El listado ni siquiera incluye los decretos leyes del Consejo de Ministros que después el Congreso convalidó y decidió tramitar como proyectos de ley por presión de los grupos parlamentarios -que no por voluntad del PSOE-. Porque, contando estos últimos, la lista asciende a 59 proyectos de ley. Su tramitación se eterniza mediante constantes ampliaciones del plazo de enmiendas porque al PSOE cada vez le cuesta más llegar a acuerdos con sus socios de izquierdas y derechas independentistas y nacionalistas, con todos a la vez. También con Podemos.

En esa treintena amplia hay proyectos de ley que, incluso, vienen de la legislatura pasada. Es el caso de la Ley de Familias, ideada por Ione Belarra cuando era ministra de Derechos Sociales y repescada por su sucesor, Pablo Bustinduy. La norma está a punto de cumplir dos años atascada en las tuberías de la Cámara Baja.

Ya no digamos el proyecto de Ley de Información Clasificada, que ha de sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales. El PNV lleva reclamándosela a Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa y nunca llega. Los peneuvistas creyeron ver un rayo de esperanza cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado julio y lo envió al Parlamento, pero nada hace pensar que vaya a salir de ahí.

Como tampoco la Ley Integral de Impulso de la Economía Social; la Ley de Industria y Autonomía Estratégica; la ley que ha de regular las actividades de los grupos de interés o lobbies (otra que lleva coleando varias legislaturas); la Ley de Impulso de la Economía Social; la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación; la Ley de la Función Pública; y la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, entre otras.

Sin duda, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños es el más perjudicado por el punto muerto legislativo en el que se encuentra la legislatura; sin Presupuestos y con el Gobierno legislando a base de reales decretos leyes o, incluso, de simples reales decretos con rango de reglamento, que es de esta última manera como pretende articular la regularización masiva de inmigrantes anunciada días atrás.

De hecho, la reforma judicial de Bolaños ya se ha convertido en el quiero y no puedo del Gobierno. El polémico proyecto de ley orgánica con el que el Ejecutivo pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lleva más de ocho meses varado en la Comisión de Justicia del Congreso sin un solo avance ni visos de haberlos.

Las condiciones de Junts, que pide a cambio de su apoyo la creación de una especie de tribunal supremo catalán, son uno de los escollos para una reforma contra la que buena parte de la Judicatura se manifestó a comienzos del verano. Y que incluso motivó una huelga.

Tampoco tiene mejor pronóstico la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que salió del Consejo de Ministros en noviembre. Esta tiene entre sus principales objetivos limitar la acusación popular, para que los partidos, las asociaciones y fundaciones vinculados a estos, así como los sindicatos, las personas jurídicas y entes públicos no puedan ejercerla. Para los demás, la acusación popular se limita a un catálogo de delitos, no a todo el Código Penal.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene esperanzas con el proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. Es decir, el que debe vehicular la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Pero ni siquiera ése tiene su aprobación garantizada.