Sánchez vuelve al Congreso después de dos meses en su enésimo intento de relanzar la legislatura

Pedro Sánchez hablará este miércoles en el Congreso por primera vez en dos meses. En concreto, desde la última sesión de control al Gobierno, celebrada el 10 de diciembre. Antes de las elecciones en Extremadura y en Aragón, del accidente de Adamuz, de que María Jesús Montero presentara a las comunidades una reforma del sistema de financiación autonómica pactada con el líder de ERC y de que el presidente tratara de azuzar a los pensionistas contra el PP en la campaña en Aragón.

Sánchez acudirá a la Cámara Baja para una de esas comparecencias miscelánea: en ella mezclará la tragedia del Iryo y el informe sobre el estado de la red ferroviaria con las explicaciones sobre los últimos foros internacionales en los que ha participado. El PP reclamó su presencia en el Parlamento mucho antes, pero en vano. Los populares lo intentaron en el Congreso y también en el Senado, donde a finales de enero convocaron al presidente a un Pleno extraordinario por el descarrilamiento del tren que Sánchez esquivó: envió en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien acaba de alcanzar un acuerdo con los maquinistas para desactivar la huelga en el sector.

La comparecencia del presidente servirá para evaluar en qué momento se encuentran las relaciones entre Sánchez y sus socios y, sobre todo, con Junts. La formación ha amenazado con tumbar por segunda vez el decreto ley del escudo social, aunque lo previsible es que el Gobierno ceda hasta donde sea necesario y alcance un acuerdo con los independentistas. No puede permitirse que caiga por segunda vez.

La mayoría, descompuesta

El presidente lleva desde antes de Navidad intentando reconstruir su mayoría de investidura, descompuesta y menguante. Comenzó por pactar con Bildu, en diciembre, la prórroga de varias medidas del «escudo social». El 8 de enero recibió al líder de ERC en la Moncloa y selló con él la reforma del modelo de financiación que la vicepresidenta María Jesús Montero propuso después a las comunidades del régimen común.

A mediados de enero, el Gobierno cerró con el PNV el traspaso de cinco competencias, entre ellas el subsidio de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Y días más tarde acordó con Podemos la aprobación de un real decreto para la regularización de más de medio millón de extranjeros, sin pasar por el Congreso. Lo que, a su vez, hará que los morados desbloqueen la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que los socialistas pactaron con Junts y que Podemos vetó en el Congreso en septiembre, recién empezado el curso.

Febrero es el mes que el presidente se había marcado para tomar impulso político, después de dos meses con el Congreso prácticamente cerrado y el Gobierno al ralentí; y con los descalabros del PSOE en Extremadura y Aragón, el accidente de Adamuz y las inundaciones cambiando el paso al presidente. De hecho, Sánchez tenía prevista una ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios en la Moncloa que, tras la tragedia ferroviaria, quedó pospuesta sine die.

Supuestamente, este mes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar los Presupuestos de 2026 y llevarlos a la Cámara Baja, aun sin tener ninguna posibilidad de prosperar. Al menos, no hoy por hoy. Así que la comparecencia de Sánchez servirá de termómetro.

Por lo que respecta a la oposición, es de prever que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se manden algunos mensajes desde la tribuna tras lo ocurrido el domingo en Aragón, donde el PP obtuvo una victoria menor que la esperada al perder dos escaños y Vox dobló los suyos. El líder de los populares se dirigió al lunes a Abascal para decirle que ambos partidos deben entenderse con «responsabilidad». «Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez», sostuvo.