Oro, criptomonedas y mansiones en Dubái: así operaba la red de blanqueo que salpicó al exjefe de la UDEF

La investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre una de las mayores tramas de narcotráfico desarticuladas en España ha ido dibujando, con el avance de las diligencias, un entramado internacional de blanqueo de capitales basado en el lujo, las inversiones opacas y la dispersión del dinero fuera de las fronteras españolas. En el centro de ese esquema aparece Ignacio Torán, señalado por los investigadores como presunto líder de la organización, y el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez Gil, en prisión provisional desde finales de 2024.

El juez Francisco de Jorge ha ordenado recientemente el reingreso en prisión preventiva de Torán tras apreciar un elevado riesgo de fuga, apenas unos meses después de que quedara en libertad provisional por un error judicial. La decisión llega tras el levantamiento parcial del secreto de una de las piezas separadas, que ha permitido incorporar nuevos informes policiales con un detallado análisis del patrimonio, las comunicaciones y la operativa financiera de la red.

Según la Fiscalía Antidroga y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Torán habría canalizado los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína a través de una compleja estructura de blanqueo que combinaba inversiones en bienes de alto valor, criptomonedas y sociedades pantalla en distintos países. Uno de los principales focos de esa actividad se sitúa en Dubái, donde el investigado habría adquirido, presuntamente mediante testaferros, varias propiedades millonarias, entre ellas una mansión valorada en más de 10 millones de euros.

Los investigadores sostienen que Dubái se convirtió en un enclave estratégico para la organización, no solo como refugio patrimonial, sino también como punto de contacto con grandes narcotraficantes internacionales. En los mensajes intervenidos en el móvil de Torán aparecen referencias a conocidos capos de la droga que residían en urbanizaciones de lujo del emirato, así como conversaciones en las que presume de su capacidad económica y de su red de relaciones.

Por si fuese poco, el blanqueo no se limitaba al sector inmobiliario, sino que los informes policiales describen inversiones recurrentes en lingotes de oro –con operaciones que hablaban de compras de hasta cien kilos–, relojes de alta gama como Patek Philippe o Rolex, y bolsos de lujo valorados en decenas de miles de euros. Parte de esas transacciones se realizaban, según la investigación, mediante pagos en criptomonedas, una vía que habría permitido ocultar el rastro del dinero.

Además, la Policía ha documentado la existencia de estructuras societarias en España dedicadas a la explotación de inmuebles, licencias de VTC y actividades vinculadas a loterías, así como movimientos financieros en países como Panamá y Santo Tomé y Príncipe. En este último, los investigadores sitúan el uso de plataformas de banca anidada y servicios vinculados a criptoactivos para reintegrar fondos al circuito legal.

En España, el patrimonio atribuido a Torán supera los doce millones de euros en inmuebles, ninguno de ellos a su nombre. A ello se suma una flota de vehículos de alta gama y el control de decenas de coches destinados a la explotación de licencias VTC. Los investigadores también han detectado inversiones y gastos en el mundo del fútbol, con conversaciones en las que el presunto líder de la trama se mostraba interesado en la compra de jugadores y en obtener la licencia de agente FIFA.

Todo este entramado económico se conecta con la actividad principal de la organización, que era la introducción de cocaína en España a través de contenedores marítimos. La investigación se inició tras la incautación en 2024 de un contenedor con 13 toneladas de droga en el puerto de Algeciras, el mayor alijo intervenido hasta la fecha en el país. A partir del análisis de los teléfonos móviles incautados, especialmente el del exjefe de la UDEF, los investigadores concluyen que la red habría logrado introducir al menos otros 37 contenedores con cerca de 60 toneladas de cocaína, por un valor superior a los 2.000 millones de euros.

Óscar Sánchez Gil, exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid, está acusado de haber facilitado información clave a la organización para esquivar controles policiales y aduaneros. En los informes se detalla una utilización irregular de bases de datos policiales, consultas sobre vehículos oficiales que realizaban seguimientos y la recepción de cuantiosos pagos procedentes de la estructura criminal.

El juez ha citado a declarar a Sánchez el próximo 9 de marzo por videoconferencia desde prisión, después de que su defensa solicitara prestar declaración y denunciara supuestas irregularidades en el origen de la investigación. El magistrado rechaza esa versión y subraya que las sospechas se apoyan en comunicaciones encriptadas, movimientos patrimoniales y pruebas documentales ajenas a la incautación inicial de Algeciras.

La causa sigue abierta y ha tenido ya otras derivadas relevantes, como la detención por presunto blanqueo de capitales de Francisco de Borbón, familiar lejano del Rey Felipe VI, que quedó en libertad bajo fianza. Mientras tanto, las piezas siguen cayendo, las traiciones se ciernen y la Audiencia Nacional avanza en uno de los mayores casos de narcotráfico y corrupción policial investigados en España.