Castigar la multirreincidencia era «cosa de derechas» hasta que Junts llamó a capítulo al PSOE

Sonrió la portavoz de Junts al final de la votación, y eso no es muy habitual en Míriam Nogueras. Esta vez tenía un buen motivo. La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia impulsada por el partido de Carles Puigdemont salió adelante este jueves en el Congreso por una amplísima mayoría, rara vez vista en la Cámara: 302 votos a favor; los del PP, el PSOE, Vox, Junts, el PNV y UPN.

La votación produjo un desgarro en la mayoría de investidura, porque todos los socios de izquierdas de Pedro Sánchez menos ERC, que se abstuvo (por la sombra de Alianza Catalana), se opusieron y recriminaron al PSOE que asuma los marcos de la «ultraderecha». Pero los socialistas, habituados a cabalgar las contradicciones que derivan de tener aliados de izquierdas y de derechas independentistas y nacionalistas, lo hicieron una vez más.

Su portavoz en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda, trató de nadar y guardar la ropa a la vez, con un discurso errático. Por un lado, criticó que haya quien haga de la multirreincidencia su «modus vivendi». Por el otro, denunció «el peligroso discurso de la ultraderecha de equiparar inmigración con delincuencia» y acusó a la derecha de haber cedido «todo el pasillo» a la ultraderecha. Y acabó hablando de los «tecno oligarcas» que cuelan bulos en los móviles.

Pero toda la honda preocupación del PSOE sobre el avance de Vox, como la que mostró Pedro Sánchez el miércoles en el Pleno, desaparece siempre cuando está en juego la supervivencia de la legislatura. Y de eso iba el apoyo de los socialistas a esta proposición de ley de Junts. Porque en el Senado, hace unos meses, votaron en contra de una proposición de ley muy parecida a ésta que llevaba la firma del PP.

Otro giro copernicano

Hay que retrotraerse al pasado mes de noviembre. El Gobierno vio las orejas al lobo cuando Junts anunció el bloqueo de la legislatura y se lanzó a hacer gestos que devolvieran a los de Junts a su redil. En ésas, buscando en los cajones del Congreso encontró esta proposición de ley, que Junts había registrado en marzo de 2024, haciéndose eco de la preocupación de muchos alcaldes catalanes por los delincuentes habituales que campan por sus calles. No solo alcaldes de Junts -algunos de ellos estaban este miércoles en la tribuna de invitados siguiendo el debate-, sino también del PSC. Y del PP, por descontado.

El PSOE tenía parada esa reforma legal desde hacía un año y medio porque no les gustaba a los socialistas ni a sus socios de izquierdas. Pero cuando Junts bloqueó toda negociación con el Gobierno, los socialistas invocaron a Groucho Marx y su máxima sobre los principios de quita y pon. Así las cosas, pactaron en la Comisión de Justicia una serie de enmiendas al texto y la norma fue aprobada en diciembre, con los votos del PP, el PSOE, Vox, Junts y el PNV. Faltaba que lo fuese también en el Pleno, lo que ocurrió este jueves.

La posición de los partidos de izquierdas fue muy crítica. Puesto que todos ellos defendieron la tesis de que reformas legales como ésta «solo sirve para fortalecer a la ultraderecha», en palabras del portavoz de Sumar, Enrique Santiago. El de Bildu, Jon Iñarritu, se dirigió a los socialistas para decirles que no engañan a nadie: «En el PSOE saben que esto no funciona y no comparten en el fondo estas medidas. Lo hacen por compensar de alguna manera a un partido -Junts- que les hace falta para otras leyes. Acceden a aprobar unas medidas que van en contra de todo lo que han aprobado en los últimos años en estas materias», sostuvo. Por parte de Podemos, la diputada Martina Velarde calificó la reforma de «populismo punitivo».

La mala noticia para el PSOE es que va a tener que seguir haciendo méritos si quiere recuperar el favor de Junts, porque los independentistas no se conforman con una reforma que contempla penas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, y que castiga con entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan estafas de menos de 400 euros cuando acumulen al menos tres condenas previas por este delito. Está pendiente volver a llevar al Pleno la proposición de ley para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que los socialistas pactaron con Junts y que Podemos vetó en el Congreso en septiembre, recién empezado el curso. Eso por lo pronto.