Montero apartó y días después blindó a su ‘dos’ que firmó el rescate de Plus Ultra que está siendo investigado

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cesó a Inés Bardón como su mano derecha en pleno avance de la investigación judicial por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la operación de 53 millones de euros de fondos públicos que hoy vuelve a estar bajo la lupa de los tribunales. Sin embargo, tal y como ha podido saber El Debate, este cambio fue solo aparente, ya que días después, Montero blindó a Bardón colocándola discretamente al frente de otro organismo público dependiente directamente de su departamento.

El cese se produjo el 11 de enero de 2022, cuando Bardón fue relevada como secretaria de Estado, cargo que ocupaba desde junio de 2018, y sustituida por Héctor Izquierdo. La decisión llegó en un contexto especialmente delicado, ya que había sido imputada por su participación en el consejo de administración de la SEPI, el órgano que avaló y tramitó el rescate de Plus Ultra. En aquel momento, el movimiento fue interpretado por miembros del Gobierno como un cese preventivo, una forma de marcar distancias ante la presión judicial y de trasladar un mensaje de supuesta exigencia interna. Sin embargo, lo que no se hizo público entonces es que Montero ya tenía preparada una salida para su mano derecha.

El 1 de febrero de 2022, apenas 21 días después de su cese, el Consejo de Ministros nombró a Bardón presidenta de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Se trata de un organismo clave en la gestión de inmuebles del Estado, con funciones de gran relevancia económica y patrimonial y con un salario superior a los 150.000 euros anuales, además de complementos y dietas. La relación entre Montero y Bardón es estrecha y viene de lejos. Antes de llegar al Gobierno, ambas coincidieron en la Junta de Andalucía, donde Bardón fue secretaria general de Finanzas entre 2015 y 2018, periodo en el que Montero ejercía como consejera de Hacienda. Desde allí, Montero se la llevó a Madrid tras la moción de censura, situándola desde el primer momento en el núcleo duro del ministerio.

Durante su etapa como secretaria de Estado, Bardón avaló que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobara el rescate de Plus Ultra. Aquella inyección fue posteriormente validada por el Consejo de Ministros a pesar de los informes internos que cuestionaban el carácter estratégico de la aerolínea. En abril de 2021, la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, acordó la apertura de diligencias tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, al apreciar indicios de un delito de malversación de caudales públicos. Fueron imputados hasta 15 altos cargos del Gobierno, entre ellos Bardón, como parte del engranaje administrativo que permitió la concesión millonaria.

Aunque la causa fue archivada posteriormente por una cuestión de plazos procesales, el fondo del asunto nunca quedó despejado. De hecho, ahora el caso ha vuelto a reactivarse tras las últimas actuaciones policiales, que han desembocado en las detenciones de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, el consejero delegado Roberto Roselli y el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como pieza clave en la operativa financiera de Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga ahora el destino final de los fondos del rescate, que se destinó para la amortización de un crédito en Suiza, se usó también para el pago de comisiones ilegales. En ese contexto, la figura de Bardón vuelve a adquirir relevancia al haber estampado su firma en una operación que hoy está siendo revisada con lupa.

El Debate publicó en exclusiva que 72 horas antes de la detención de Julio Martínez, este empresario se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un enclave aislado del monte de El Pardo sin cobertura telefónica y de acceso restringido. Tras el arresto, los investigadores detectaron un borrado acelerado de información en dispositivos del empresario, lo que ha abierto la sospecha de un posible chivatazo. A raíz de esas informaciones, el PP ha impulsado la citación de Zapatero en el Senado para que aclare si avisó al empresario. Este periódico también ha documentado que una vivienda de Zapatero fue el escenario de cinco reuniones clave donde se diseñaron operaciones financieras de Plus Ultra ahora investigadas.