Los casos de corrupción que acorralan a Montero: la UCO detiene a su 'dos' y la Anticorrupción investiga a su 'tres'

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afronta dos frentes judiciales que están golpeando de lleno su carrera hacia la Junta de Andalucía. Son dos tramas de corrupción que avanzan con rapidez y que han puesto bajo sospecha a su círculo más cercano. Por un lado, su número dos, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que ha sido detenido por la Guardia Civil por su participación en una red que amañaba contratos públicos a cambio de mordidas, y por otro, su número tres, José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), investigado por la Fiscalía Anticorrupción por pactar con empresarios el pago de comisiones ilegales a cambio de archivarles pleitos fiscales.

La UCO sitúa a Fernández Guerrero en el centro de una estructura que utilizaba organismos públicos para beneficiar a determinadas empresas. Tras salir del Gobierno, el ex 'dos' de Montero acumuló un patrimonio inmobiliario de 5 millones de euros con compras de viviendas y locales que los agentes consideran incompatibles con sus ingresos. También administraba un bar en Sevilla que la Guardia Civil investiga como posible vía para blanquear parte de las comisiones. Los investigadores creen que actuaba como intermediario en el cobro de pagos ilegales vinculados a adjudicaciones de la SEPI, lo que ha llevado a ampliar la investigación a nuevas sociedades y contratistas.

El ex 'tres' de Montero, Marco Sanjuán, dimitió tras la investigación de El Debate que acreditó que recibió más de 100.000 euros en sobres de un empresario al que archivó reclamaciones fiscales. Según ese testimonio, las entregas de dinero eran periódicas y el propio Marco Sanjuán, imputado a día de hoy por cinco delitos, llegó a insinuar que parte debía repartirse entre otros cargos del Ministerio de Hacienda. Poco antes de dimitir, en un viaje de trabajo a Valladolid, presumió ante Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, y César Pintado, delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Castilla y León, que le mostraban su apoyo, de que iba a dejar el cargo. Horas después, Anticorrupción le inició una investigación que continúa a día de hoy y tuvo que dejar el cargo. La caída de estas dos personas de la máxima confianza de Montero sitúan a la ministra en el centro de un escenario judicial que todavía está lejos de cerrarse.