Las investigaciones sobre Leire Díez, el ex 'dos' de Montero y Plus Ultra dibujan un nuevo mapa de corrupción que acorrala al Gobierno

Las investigaciones que avanzan en paralelo por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han configurado esta semana un escenario especialmente delicado para el Gobierno, cercado por nuevas detenciones y por líneas de investigación que confluyen en un mismo modelo de irregularidades. En pocos días, los agentes han arrestado a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, por su presunta implicación en una red que amañaba contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. A esta detención se suma la derivada societaria que apunta a empresas familiares de la secretaria de Estado Susana Sumelzo relacionadas con sociedades investigadas por desvío de fondos. Y en paralelo también han sido detenidos los responsables de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones por el Ejecutivo. Todas estas piezas, analizadas en conjunto, dibujan un nuevo mapa de ramificaciones que estrecha el cerco sobre el Gobierno.

La detención de Leire Díez y de Vicente Fernández Guerrero, practicada este lunes, es uno de los movimientos más relevantes en la investigación sobre el cobro de mordidas vinculadas a adjudicaciones dependientes de la SEPI. Según la documentación policial, ambos actuaban como intermediarios entre empresarios interesados en obtener contratos públicos y organismos como Correos o Enusa. Los investigadores sostienen que el mecanismo consistía en anticipar información sobre los concursos, facilitar los contactos adecuados y, una vez adjudicadas las obras o servicios, articular el pago de comisiones ilegales mediante sociedades controladas por el grupo. Esta operativa funcionó durante años y encaja con las comunicaciones intervenidas, en las que se atribuye a Díez un papel relevante en la gestión interna de estos contactos y a Fernández Guerrero una intervención directa en la fase de cobro.

El patrimonio de Vicente Fernández Guerrero es uno de los elementos más significativos del caso. La UCO, tal y como ha desvelado este periódico, ha documentado un incremento notable de bienes inmuebles desde su etapa en la SEPI, con viviendas en Madrid, Marbella y Sevilla que superan los 4 millones de euros. Parte de estas adquisiciones se efectuó con fórmulas que dificultan el rastreo del origen de los fondos, lo que ha llevado a los agentes a solicitar información bancaria y tributaria adicional. Entre estas propiedades figura un chalet pareado en Sevilla, valorado en 390.000 euros, adquirido en 2024, así como varias viviendas y plazas de garaje compradas en un intervalo muy corto. Este análisis patrimonial ha reforzado la hipótesis de que las mordidas cobradas por la trama podrían haberse transformado en patrimonio inmobiliario.

La Guardia Civil analiza también el uso de un bar en Sevilla administrado por Fernández Guerrero, que podría haber servido para canalizar parte del dinero procedente de las comisiones. Según los investigadores, el establecimiento ha declarado ingresos que no se corresponden con la actividad real, coincidiendo temporalmente con adjudicaciones bajo sospecha. El Debate publicó en exclusiva que la UCO considera que Fernández Guerrero actuó como «muleta» de Santos Cerdán, encargado de gestionar las relaciones con empresarios beneficiados por la red.

En paralelo, la investigación ha incorporado una derivada que afecta al sector energético y que se ha saldado con la detención de Antxon Alonso, socio de Cerdán y figura relevante en Forestalia. Alonso aparece vinculado a movimientos societarios coincidentes con el periodo en el que se produjeron los pagos investigados y que conectan con empresas relacionadas con la familia de Susana Sumelzo. Tal y como publicó este periódico, varias sociedades familiares de Sumelzo compartieron domicilio mercantil con compañías utilizadas en la trama. En Pamplona, una de estas sociedades operó durante años en el mismo piso donde estuvo instalada Servinabar. En Zaragoza, otra sociedad vinculada a su entorno se encuentra domiciliada en el mismo edificio que Soluciones de Gestión, la firma investigada por el pelotazo de las mascarillas. Los agentes consideran que estas coincidencias, unidas a los contratos públicos adjudicados en ese periodo, amplían el perímetro de la investigación y muestran la existencia de vínculos aún por delimitar entre intereses privados y decisiones administrativas.

Al margen de la trama ligada a la SEPI, la Policía ha detenido al presidente y al CEO de Plus Ultra después de registrar las oficinas de la aerolínea para clonar sus servidores y analizar el uso de los 53 millones del rescate aprobado por el Gobierno. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si parte de ese dinero se destinó al pago de un préstamo con una sociedad suiza, lo que podría implicar que fondos públicos se utilizaron para cubrir deudas privadas ajenas a la pandemia. Esta línea judicial se mantiene bajo secreto, pero los investigadores ya han cursado solicitudes de información bancaria internacional para reconstruir el flujo completo de los fondos.

Las conexiones entre el rescate y esferas políticas se reforzaron con el testimonio del empresario Víctor de Aldama, quien aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intervino para facilitar el acceso de la aerolínea al fondo estatal. Según estas comunicaciones, Zapatero mantuvo contacto con los directivos de la compañía en plena negociación del rescate y ayudó a canalizar la operación en un momento en el que varias empresas competían por ayudas públicas. Estas diligencias, unidas a la detención de los responsables de Plus Ultra, han abierto una nueva vía que conecta el rescate con el resto del entramado que analizan los investigadores.

El avance simultáneo de estas líneas de investigación permite a los agentes trazar un mapa más amplio del presunto entramado de corrupción que afecta a distintos ámbitos de la Administración. Las detenciones de Díez, Fernández Guerrero, Alonso y los responsables de Plus Ultra evidencian que las ramificaciones de las tramas investigadas son más extensas de lo que se conocía. La convergencia de adjudicaciones públicas, sociedades instrumentales y movimientos financieros bajo sospecha sitúa al Gobierno en un escenario cada vez más comprometido ante unos investigadores que continúan ensamblando las piezas de un esquema cuyo alcance definitivo aún está por determinar.