Pedro Sánchez junto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tuvo que dimitir tras ser condenado
El Gobierno de Sánchez deja tirados a los eurodiputados que pretenden analizar el Estado de Derecho en España
La misión europea investigará también las denuncias de politización y manipulación en TVE
Una misión oficial del Parlamento Europeo visitará España la próxima semana para analizar la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en nuestro país. Ni Pedro Sánchez, ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les recibirán ni tan siquiera para tratar de venderles las «bondades» de su política.
La visita, que tiene carácter excepcional, se produce ante la alarma desatada en Europa tras los últimos informes europeos sobre el Estado de Derecho, el aumento de los casos de corrupción y los reiterados avisos sobre los fallos en la independencia judicial en España, explica el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Una misión de este tipo solo se había dado hasta ahora en Hungría y en Eslovaquia.
La delegación mantendrá un encuentro con la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designada tras la condena de Álvaro García Ortiz, una situación que ha sido señalada como un factor que debilita la percepción de independencia del Ministerio Fiscal en España.
La misión se reunirá también con las principales asociaciones de jueces y fiscales, con organizaciones de la sociedad civil, con expertos académicos y con el Consejo de Informativos de RTVE, en el marco de las crecientes denuncias por la politización y manipulación de la radiotelevisión pública. Pero tampoco serán recibidos por el presidente de la Corporación pública.
Directiva anticorrupción
La misión del Parlamento Europeo investigará también por qué España es el único país que todavía no ha aplicado la directiva europea anticorrupción. Pero es que, según recuerda el Partido Popular, ni tan siquiera han aplicado o, al menos, calendarizado las medidas anticorrupción que el Gobierno aseguró que instauraría a raíz de la detención del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el pasado mes de junio.
Para el Partido Popular, «la agenda demuestra la gravedad de la situación: el Parlamento Europeo se reúne con todos los contrapesos institucionales del Estado, Justicia, Fiscalía, medios públicos y sociedad civil, y con todo el mundo excepto con el Gobierno», señalan fuentes de la delegación popular, que interpretan el plantón del Ejecutivo como «una falta de respeto institucional y una señal preocupante para la Unión Europea».