La misión europea responde a una petición realizada en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
Bruselas auditará los mecanismos de control económico de España en pleno escándalo por corrupción
En marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo ya advirtió de que no había «garantías suficientes sobre si los Estados miembros cuentan con sistemas de control eficaces»
Dice el aforismo español que «a perro flaco, todo son pulgas». Y algo así debe pensar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque en la semana más problemática para el Ejecutivo desde el punto de vista de la corrupción con la detención de la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez; del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del constructor Antxon Alonso, se ha conocido que Bruselas realizará próximamente una auditoría a las cuentas españolas de los fondos europeos y, lo que es más preocupante, a los mecanismos de control sobre esas cuentas con que cuenta España.
Ya el pasado mes de marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo apuntó en un informe que no había «garantías suficientes sobre si los Estados miembros cuentan con sistemas de control eficaces para garantizar que el gasto cumpla las normas». Y entre los países analizados para llegar a esa conclusión, se encontraba España. Ahora las alarmas han vuelto a saltar ante el temor de los resultados que pueda dar esa auditoría.
España ya cuenta con mecanismos de control y anticorrupción en su organigrama. La Intervención General del Estado y la Secretaría General de Fondos Europeos, en Hacienda, en teoría se encargan de controlar el destino de esos fondos. El problema es que estas instituciones están controladas por el Gobierno y, visto lo visto en las últimas semanas, hay dudas sobre su eficacia.
Préstamos y a fondo perdido
Así que ahora Bruselas vigilará que España sepa controlar esos fondos europeos en forma de ayudas a fondo perdido y en préstamos que recibe, igual que el resto de países europeos, a raíz de la pandemia que azotó el mundo en 2020. Concretamente, a nuestro país se le consignaron aproximadamente unos 80.000 millones de euros en cada modalidad.
Cada vez que Europa consigna a un país un paquete de fondos europeos, además de justificar su gasto, realiza una serie de peticiones al país para reforzar el control de la buena utilización de ese dinero, que se destine a lo que se afirma, que lo que se afirma que se va a hacer con el dinero sea realmente necesario, que no haya duplicidades, etc. Y eso es lo que va a auditar Bruselas, que los sistemas de control realmente funcionen porque comprobar factura a factura todo lo realizado sería imposible. En la actualidad, muchas de las obras que se realizan en España, incluso a nivel local, vienen con el epígrafe «financiado con fondos Next Generation». Eso significa que está subvencionada con los fondos comunitarios.
En la última entrega de dinero europeo, el pasado mes de julio, la Comisión Europea rebajó la cantidad requerida de 23.000 millones de euros alegando que España no haber reformado el régimen fiscal del diésel ni cofinanciado la digitalización de entidades regionales o locales.
Esta nueva auditoría podría sacar a la luz nuevos problemas a la hora de controlar el gasto del dinero europeo y que, a la larga, supondría menos dinero para las arcas públicas.
En el pasado Consejo de Ministros, España rechazó parte de estas ayudas, las que son entregadas a cuenta de que se devuelvan con intereses con la excusa de que, tal y como está la economía española, el país podía obtener intereses inferiores en el mercado financiero. Una auditoría negativa por parte de Bruselas, también podría afectar a ese mercado financiero.
