El PP europeo alerta a Bruselas por la semilibertad de Txeroki y denuncia una política condicionada por Bildu

El Partido Popular Europeo ha elevado a Bruselas su preocupación por la concesión del régimen de semilibertad al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, al considerar que no se trata de una decisión aislada, sino de un patrón reiterado que pone en riesgo los derechos de las víctimas del terrorismo y la integridad del Estado de Derecho.

En una carta remitida al comisario europeo de Justicia, los eurodiputados populares advierten de una «preocupación social y jurídica de máxima gravedad» por una medida que, a su juicio, se inscribe en una práctica sistemática de flexibilización penitenciaria hacia los presos de ETA. La misiva está firmada por la vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PP, Dolors Montserrat; el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; y el eurodiputado y víctima del terrorismo Borja Giménez Larraz.

Los firmantes subrayan que al menos 112 de los 119 presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas han accedido a beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por el País Vasco y coincidir con sus víctimas. Todo ello, recalcan, sin que conste arrepentimiento efectivo ni colaboración con la Justicia, pese a que siguen sin resolverse más de trescientos atentados terroristas.

El documento pone el foco de manera especial en el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Desde 2021, de los 35 beneficios concedidos bajo este régimen flexible, 30 han correspondido a condenados por terrorismo, lo que supone un 85 % del total. Para los eurodiputados del PPE, esta cifra evidencia una aplicación claramente preferente a los presos de ETA frente al resto de la población reclusa.

En este contexto, el PP europeo sitúa estas decisiones en la dependencia parlamentaria del Gobierno de España del apoyo de EH Bildu, formación a la que describen como heredera política del entorno de ETA. Según el texto, Bildu ha convertido la flexibilización penitenciaria, los traslados y las excarcelaciones de etarras en una exigencia explícita y reiterada dentro de su agenda política.

«Cuando decisiones que afectan de manera tan directa a los derechos de las víctimas coinciden sistemáticamente con acuerdos de partido, el riesgo de instrumentalización de la política penitenciaria resulta evidente», advierten los eurodiputados, que reclaman a las instituciones comunitarias que velen por la protección efectiva de las víctimas y por el respeto a los valores fundamentales del Estado de Derecho.

Por ello, solicitan a la Comisión Europea que requiera información detallada al Gobierno de España sobre el fundamento jurídico de los beneficios concedidos a Aspiazu; sobre la existencia de arrepentimiento o colaboración con la Justicia; y sobre las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas sean informadas, escuchadas y tenidas en cuenta antes de resoluciones de este calado.

La carta subraya además que estas concesiones se producen en pleno proceso de reforma de la Directiva 2012/29/UE y, a juicio del PPE, en contradicción con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025), cuyo objetivo es reforzar la protección frente a la victimización secundaria. Los firmantes denuncian que, pese a la extrema gravedad de los delitos cometidos por Txeroki, se le han aplicado normas penitenciarias «en un ejercicio desviado de las competencias de la Administración», sin que las víctimas hayan contado con mecanismos efectivos para recurrir estas decisiones durante la ejecución de las condenas.