Sánchez pretexta «seguridad nacional» para ocultar qué hacía la policía con Zapatero en su reunión secreta en El Pardo

Sánchez trata por todos los medios de proteger la reunión clandestina, que él autorizó, en la finca pública de Patrimonio Nacional entre Zapatero y Julio Martínez, el empresario de Plus Ultra detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias. El expresidente, que cobró un especial protagonismo en las elecciones de 2023, ha sido relegado a un segundo plano tras el escándalo desvelado por El Debate para limitar su exposición, y Sánchez, consciente del peso y las conexiones de Zapatero, no piensa dejarle caer. La sombra del expresidente de gobierno más activo desde que abandonara La Moncloa, se alarga a la vista de la documentación a la que ha accedido en exclusiva El Debate.

Según Moncloa, explicar por qué Zapatero fue escoltado por un gran despliegue policial como el que desveló la exclusiva de El Debate, pondría en peligro la vida del lobista Zapatero, suponiendo nada menos que un riesgo y «un perjuicio para la Seguridad Nacional». Días atrás, Moncloa apelaba al perjuicio para la seguridad pública tratando de ocultar su reunión furtiva con Julio Martínez en la finca de El Pardo, tal y como publicó este periódico.

Así se desprende de varios escritos firmados por la directora jurídica de Presidencia, Isabel León, con los que intenta echar tierra sobre un asunto que implica directamente al corazón del Ejecutivo y la concesión del rescate de la aerolínea por un total de 53 millones de euros, sobre la que se cierne la sombra de una posible presión por parte de Zapatero, tal y como el empresario Víctor de Aldama afirmaba el pasado 4 de febrero en el programa Análisis: Diario de la Noche.

Es más, Moncloa reconoce que Sánchez no ha dado ninguna instrucción, «ante la evidencia de la realización de actos presuntamente delictivos por los interlocutores del expresidente del Gobierno, amparados y facilitados por funcionarios del Estado y la escolta del expresidente, para impedir la utilización de recursos públicos en tales actividades».

Además, insiste en que el jefe del Ejecutivo no posee ningún informe «alertándole de la utilización de recursos públicos por parte del expresidente Rodríguez Zapatero para sus actividades privadas y en su beneficio exclusivo sin ningún encargo institucional», pese a que los escoltas del expresidente le acompañaban.

De hecho, según desveló Alejandro Entrambasaguas en El Debate, Zapatero utilizó su dispositivo oficial de escoltas, precisamente, para blindar las reuniones clandestinas que mantuvo con el empresario. En total, participaron al menos cuatro vehículos y hasta seis agentes integrados en el dispositivo de protección asignado al expresidente.

Además, Moncloa ha ido más allá y ha construido un muro alrededor de Zapatero recurriendo a los agentes del dispositivo de seguridad que acompaña al expresidente con la excusa de proteger la «seguridad nacional», porque «abriría una brecha de vulnerabilidad» y la escolta asignada «tiene la misión de proteger la seguridad integral» de Zapatero, después de recordar que solo es Presidencia del Gobierno quien de conformidad con el Real Decreto 676/2025 de julio, por medio del Departamento de Seguridad de la Presidencia, la encargada de asegurar la integridad de aquel, sin que se llegue a comprender cuál es el riesgo para su seguridad y la seguridad Nacional cuando se reunión en una finca pública especialmente protegida con el empresario detenido 72 horas.

Con la excusa de que Moncloa no realiza «funciones relacionadas con la actividad privada de los expresidentes del Gobierno», según declara Marlaska, no ha llegado a su poder informe alguno en el que se le advierta de las actividades privadas que tanta polémica vienen sus actividades lobistas, encontrando así vía libre a sus actividades

De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evitar mezclarse en este turbio asunto y seguir protegiendo a Zapatero, dejó en manos de Presidencia las explicaciones relativas a las funciones de los escoltas del expresidente.

El director de Gabinete del ministro, Lorenzo Martínez Ruíz, en un escrito del pasado 27 de enero, sostiene que no posee ningún informe «advirtiendo de las actividades del expresidente Rodríguez Zapatero», ni tampoco ha remitido documentación al propio Sánchez informándole de la «utilización de recursos públicos para las actividades privadas del expresidente Rodríguez Zapatero», pese a que es público y notorio que así ha sucedido.

Sánchez y Marlaska no han investigado la existencia de un posible ‘chivatazo’ de Zapatero a los detenidos de Plus Ultra

Otro de los asuntos por los que este periódico ha cuestionado tanto a Marlaska como al propio Sánchez es lo relativo a las posibles filtraciones de la investigación que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ya que la reunión entre Zapatero y el empresario detenido se produjo tan solo 72 horas antes de los arrestos, lo que llevar a pensar que el expresidente podría tener algún tipo de información privilegiada que luego trasladó al implicado en el caso.

Sin embargo, ni Marlaska ni Sánchez poseen informes acerca de «la posible filtración de la UDEF al expresidente del Gobierno sobre la detención de miembros de la aerolínea», demostrando su escaso interés en investigar el asunto. De hecho, a día de hoy, no hay ningún procedimiento abierto al respecto, pese a que se sospecha que este chivatazo permitió eliminar pruebas antes de que los agentes de la UDEF irrumpieran en la sede de la aerolínea.

No obstante, la existencia de estas filtraciones no parece algo infundado, pues el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ordenó a los investigadores de la UDEF que no reportasen a sus superiores policiales, sino que le informasen directamente a él para evitar una brecha, aunque las nuevas informaciones publicadas por Voz Pópuli, colocan esta filtración en el ámbito de la Audiencia Nacional.

Patrimonio Nacional ya utilizó la excusa de la «seguridad pública» para ocultar cómo llegó Zapatero a una zona de acceso restringido

Estas nuevas revelaciones, con las que el Gobierno intenta proteger a Zapatero y colocar un cortafuegos, llegan después de que El Debate ya informara de la cobertura legal que ha dado Moncloa al secretismo impuesto sobre las reuniones entre Zapatero y el empresario detenido. Quién autorizó la entrada libre, qué instrucciones se impartieron desde Presidencia a los funcionarios de Patrimonio Nacional, así como la identidad de los mismos funcionarios que franquearon el paso a una zona sin cobertura telefónica, son preguntas que el Gobierno esconde alegando un hipotético perjuicio para la «seguridad pública» y un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por el que aprobaba el Plan de Protección del Monte de El Pardo, en el que se regula la llamada «Zona de Reserva con Características Especiales ».

Según el acuerdo citado, esta zona, a la que el expresidente accedió tras la apertura de una cancela por parte de un empleado de Patrimonio Nacional, según desveló Alejandro Entrambasaguas en El Debate, estaría restringida debido a que «su acceso cuenta con un nivel superior de seguridad por razones inherentes a la Jefatura del Estado. Además de los servicios de guardería de Patrimonio Nacional, su vigilancia está regulada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

No obstante, pese a que el expresidente ha negado estar detrás de la concesión del rescate a la aerolínea, cuyos fondos se habrían usado para devolver unos préstamos a una empresa radicada en Suiza, y a través de este entramado se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela», la UDEF ya rastrea las conexiones entre Zapatero y el dirigente de Plus Ultra.

Los agentes han encontrado una batería de facturas emitidas a nombre de Zapatero por 555.700 euros a la mercantil Análisis Relevante SL, la sociedad utilizada por el empresario Julio Martínez, y sospecha que fueron trabajos simulados. Los pagos se concentran en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, aunque el grueso del flujo económico se sitúa entre 2021 y 2022, cuando comenzaron a llevarse a cabo las inyecciones de dinero procedentes del rescate.

Además, han concluido que el expresidente del Gobierno y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas reales de Análisis Relevante por lo que carecía de una actividad económica autónoma en el mercado, no prestaba servicios a terceros ajenos al núcleo investigado y no contaba con una cartera diversificada de clientes.