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La empresaria Hortensia María Herrero Chacón; el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero; y el ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaEuropa Press

Supuestas agresiones sexuales

El abogado del caso del ex-DAO apunta a un patrón de abusos en la cúpula policial: «Muchas cosas han sido alteradas»

La defensa de la agente ha solicitado al juzgado la plena reserva de los audios, mensajes y listados de llamadas aportados como prueba

El foco del caso que ha provocado la dimisión de José Ángel González, hasta hace una semana director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, empieza a desplazarse del hecho concreto que investiga un juzgado de Madrid hacia un posible problema más amplio. Así lo sostiene Jorge Piedrafita, abogado de la agente que denunció al exalto mando por una presunta agresión sexual, quien afirma que, tras la presentación de la querella, han comenzado a aflorar otros testimonios que relatan episodios de acoso laboral y abuso de poder atribuidos a mandos policiales, lo que, a su juicio, apuntaría a un problema estructural dentro de la cúpula del cuerpo.

En varias entrevistas televisivas y radiofónicas concedidas en los últimos días, Piedrafita ha asegurado que, a raíz del «paso valiente» dado por su clienta, otras mujeres se han puesto en contacto con él para relatar situaciones de acoso laboral, presión jerárquica y conductas impropias por parte de superiores, sin que en todos los casos se trate de hechos de naturaleza sexual. Según el letrado, estos contactos no se han producido antes, sino después de que el caso del ex-DAO saliera a la luz pública.

«Esto no era una cosa espontánea, sino una encerrona muy bien engrasada», afirmó el abogado en una de esas intervenciones, en referencia al relato de su clienta. A su juicio, el hecho de que otras mujeres hayan comenzado ahora a contactar con él refuerza la idea de que los comportamientos denunciados no serían un episodio aislado. «Lo que le ha pasado a ella le ha podido pasar a otras víctimas, tanto de este DAO como de otros miembros de la cúpula policial que se sentían impunes», sostuvo, matizando que cada caso presenta características y gravedad distintas.

Piedrafita ha precisado, no obstante, que estas nuevas comunicaciones no se han traducido aún en denuncias judiciales. Según explicó, se trata de mujeres a las que está acompañando y escuchando, y que solo darán el paso a los tribunales cuando se sientan preparadas. «Cuando llegue el momento, armaremos una buena querella», señaló.

Uno de los elementos más delicados que introduce el abogado en su relato es la referencia a los protocolos internos de la Policía. Según afirmó, algunas de las mujeres que ahora han contactado con él sí habrían acudido en su momento a esos canales, sin que, siempre según su versión, el sistema haya funcionado. «Hay muchas cosas que han sido alteradas», denunció, sin concretar responsabilidades ni detallar en qué punto se habrían producido esas supuestas disfunciones.

El ministro Fernñando Grande-Marlaska con el ex DAO dimitido por una presunta agresión sexualEuropa Press

En el caso concreto de la agente que denunció a González, Piedrafita ha defendido la decisión de no acudir inicialmente al conducto interno de la Policía. «Estaba aterrada», explicó, atribuyéndose la responsabilidad de haber diseñado una estrategia para llevar el asunto directamente a los tribunales con el objetivo de protegerla y evitar interferencias.

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 8 de Madrid, que ha citado al ex-DAO a declarar como querellado el próximo 17 de marzo tras admitir a trámite la querella presentada en enero. En ella, la denunciante atribuye a González una presunta agresión sexual ocurrida en abril del año pasado en una vivienda oficial, además de coacciones posteriores para evitar que denunciara los hechos.

En paralelo, la defensa de la agente ha solicitado al juzgado la plena reserva de los audios, mensajes y listados de llamadas aportados como prueba, tras denunciar filtraciones que habrían expuesto la identidad de la mujer y obligado a reforzar su protección con escolta policial.

Desde el Ministerio del Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que su departamento no tuvo conocimiento de la denuncia hasta que fue admitida a trámite por el juzgado y se publicó en los medios, momento en el que se produjo la dimisión inmediata de González. El Gobierno ha defendido que, de haber conocido antes la gravedad de los hechos, se habría actuado sin dilación.