El DAO utilizó a un tercero para ofrecer favores a la presunta víctima a cambio de su silencio: «Elige a qué puesto quieres ir»

Si bien los acontecimientos se precipitaron en la tarde de este martes, cuando José Ángel González Jiménez, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, anunció su dimisión apenas un par de horas después de que un juez admitiera a trámite una querella contra él por supuesta agresión sexual, los hechos que han provocado su caída se han cocinado a fuego lento, en una larga trama de 10 meses de duración que ha mezclado amenazas, intereses o coacciones.

Todo arranca con una relación personal previa entre el propio González y una agente del cuerpo. Una relación marcada desde el inicio por una desigualdad evidente, ya que él era el responsable último de la estructura operativa del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que ella era una funcionaria de rango inferior. La querella, a la que ha tenido acceso El Debate, sostiene que esa diferencia jerárquica fue un elemento que condicionó la relación y dificultó que la agente pudiera ponerle fin sin miedo a consecuencias profesionales.

Finalmente, y pese a todo, ese equilibrio terminó de quebrarse el 23 de abril de 2025. Aquella tarde, mientras la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada, comenzó a recibir llamadas insistentes del DAO exigiendo que acudiera a verlo de inmediato. La negativa inicial, puesto que estaba trabajando, no detuvo la presión de González. Según el relato judicial, el DAO hizo valer su autoridad para que abandonara el puesto y utilizara un vehículo policial camuflado para desplazarse.

Horas después, tras una comida en la que también estuvo presente otro comisario, el entonces número dos de la Policía ordenó a la agente que lo condujera hasta su vivienda oficial, un piso de titularidad pública asignado al cargo de Director Adjunto Operativo. Allí, ya con el vehículo detenido, la agente se negó de forma reiterada a subir al domicilio. Durante varios minutos, siempre según la querella, el DAO insistió hasta doblegar su resistencia, prometiendo que solo hablarían y que no podían hacerlo en el coche porque podían ser vistos.

Una vez dentro de la vivienda, el relato describe cómo la situación se transformó de forma abrupta, cuando la agente rechazó desde el primer momento cualquier acercamiento sexual. A pesar de esas negativas claras y reiteradas, la querella sostiene que González Jiménez inició una agresión sexual caracterizada por tocamientos sin consentimiento y una presión constante para que accediera a mantener relaciones sexuales. Todo ello en un entorno de aislamiento y con una clara superioridad física e institucional. En ese contexto, el querellado habría llegado a invocar expresamente su cargo, reforzando la intimidación.

Cuando finalmente logró marcharse, la agente regresó a su comisaría y después a su domicilio, donde sufrió una crisis de ansiedad severa. Sin tiempo para descansar, esa misma noche comenzaron las llamadas, con hasta 17 intentos de contacto en pocas horas, seguidos de mensajes de WhatsApp con insultos, reproches y un tono que, según la acusación, buscaba minimizar lo ocurrido y trasladar la culpa a la víctima. «Has traspasado una línea roja», llegó a escribir ella, dejando claro que no quería seguir hablando.

Sin embargo, el contacto no cesó y, en los días siguientes y durante semanas, el entonces DAO habría seguido llamando desde su teléfono personal y desde líneas oficiales de su despacho, incluso cuando la víctima intentó bloquearlo. Las llamadas se repitieron en mayo y junio. En una conversación telefónica mantenida el 22 de mayo, cuando la agente manifestó su intención de denunciar, el tono se endureció, con González negando los hechos, minimizando lo ocurrido y aludiendo a posibles consecuencias profesionales si seguiía hacia delante.

Dos meses después, en julio de 2025, apareció un nuevo actor en la trama, un comisario del entorno directo del DAO que contactó con la agente para ofrecerle, literalmente, que eligiera el destino o puesto de trabajo que quisiera, con el objetivo de frenar la denuncia mediante compensaciones laborales. La agente rechazó la propuesta y dejó claro que no aceptaría ningún trato.

Mientras las piezas se seguían moviendo, la víctima, fruto del desgaste psicológico, acabó siendo atendida por servicios especializados en violencia, después por el equipo psicosocial de la propia Dirección General de la Policía y finalmente fue dada de baja laboral, con retirada de su arma reglamentaria. El diagnóstico fue un trastorno ansioso-depresivo reactivo a la agresión y al acoso posterior.

Finalmente, todo desembocó en la presentación de la querella, que señalaba directamente al máximo mando operativo de la Policía por agresión sexual, coacciones y malversación de recursos públicos. Dos horas después de que los medios de comunicación se hicieran eco de la misma, José Ángel González Jiménez anunció su dimisión y puso fin a una etapa de siete años como máximo mando operativo uniformado de la Policía Nacional. Precisamente, quien nombró a González en su día, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el otro hombre colocado en la diana. El sindicato policial Jupol emitió un comunicado minutos antes de la dimisión de González pidiendo su cese y también la del propio Marlaska. «Sin olvidar que su máximo valedor es Fernando Grande-Marlaska. Por ello: Marlaska dimisión», rezaba la nota. Si ese deseo también se hace realidad es algo que todavía está por ver.