Vista de la presa del embalse de Sau, en el río Ter, Gerona
El Congreso reclama al Gobierno más inversiones en infraestructuras hidráulicas y profesionales cualificados
Luz verde a una proposición no de Ley (PNL) que reconoce la protección de la vida, salud e integridad de las personas en la legislación de agua como prioridad
La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL), propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, para que se modifique la actual Ley de Aguas con la incorporación de tres principios rectores. La actualización de la norma está planteada en los mismos términos que ha solicitado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, promotores de esta iniciativa.
Estos tres principios están fundamentados en la protección de la vida humana, la realización de inversiones suficientes en infraestructuras hidráulicas y que la gestión del agua la realicen profesionales cualificados bajo criterios técnicos.
En la PNL se afirma que «el agua es un recurso estratégico y un patrimonio común de todos los españoles, esencial para el desarrollo socioeconómico, la cohesión territorial y la protección del medio ambiente».
España se enfrenta a desafíos hídricos, alternando entre periodos de sequías prolongadas con episodios de inundaciones. Además, nuestro país arrastra un problema estructural en sus infraestructuras hídricas, con una inversión insuficiente, proyectos pendientes o infraestructuras obsoletas.
Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en un informe emitido en marzo 2025, apenas se ha ejecutado el 29,2 % de los planes hidrológicos 2016-2021, quedando una planificación incumplida y al ritmo de licitación de 2022- 2023, de 2.758 millones de euros al año. Otras fuentes, como Acciona, estiman un déficit de inversión de 50.000 millones de euros, y que solo se ha ejecutado un 15 % de lo previsto entre 2022 y 2027.
Cada sequía prolongada o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azota el territorio español pone en riesgo cosechas, infraestructuras, viviendas y, ante todo, vidas humanas. Las inundaciones causan en España daños materiales en torno a 800 millones de euros anuales, a lo que se suma el impacto social y económico de la sequía recurrente. Estas tienen una capacidad natural para modificar, dañar o devastar estructuras, paisajes o segar vidas y puede ser una de las fuerzas más destructivas del planeta cuando actúan descontroladamente.
El punto principal en el que se enfoca la PNL es el de reconocer la protección de la vida, salud e integridad de las personas en la legislación de agua como prioridad del ejercicio del Estado en la gestión del agua. Siendo el mayor desastre posible el de las muertes generadas a causa de sequías e inundaciones. Y planteando un futuro mejor en el cual, con una buena inversión y gestión de infraestructuras y recursos hídricos, se pueda evitar muertes y pérdidas, tanto materiales como humanas.
Los tres puntos
El primero, «impulsar el reconocimiento expreso en la legislación de agua de la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como prioridad legal del ejercicio del Estado en la gestión del agua, especialmente frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías».
El segundo, «establecer como principio rector del Estado, en la legislación del agua, la necesidad de una inversión suficiente, planificada y prioritaria en infraestructuras hidráulicas para prevenir y mitigar los efectos de esos fenómenos extremos».
Y el tercero, «garantizar que la planificación, asegurando el proceso de participación pública, y la gestión del agua estén respaldadas por criterios científicos y técnicos rigurosos desarrollados por profesionales cualificados en la administración pública».
