Seis meses después de la dana el Gobierno gasta 3 millones en un registro de embalses que debió crear hace años

El 29 de octubre del año pasado a las 19:30 horas -el día de la catástrofe de la dana que asoló a gran parte del levante español- la Confederación Hidrográfica del Júcar envió un correo electrónico al Gobierno valenciano alertando de que la presa de Forata estaba vertiendo 900.046 m3 por segundo, por lo que se entró en «Escenario 3», donde la «probabilidad de rotura es elevada». Aunque este embalse alcanzó el 100 % de su capacidad, finalmente no se rompió y sirvió de dique.

Así las cosas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez -a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza Sara Aagesen- acaba de anunciar una licitación con el objetivo de «elaborar» y «desarrollar» una «aplicación informática para la creación y gestión del registro de seguridad de presas y embalses» de España, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado del 14 de mayo.

La licitación -que cuenta con un presupuesto base de 3.144.060,59 €, impuestos incluidos- señala que «el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (...) dispone en su artículo 363.1 que la Administración pública competente en materia de seguridad de presas y embalses debe crear un Registro de Seguridad de Presas y Embalses, y establecer su contenido mínimo, en el que se inscribirán todas las presas, embalses y balsas de su competencia que superen los límites establecidos en su artículo 367.1, que son los siguientes: Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100 000 m3, de titularidad privada o pública».

En concreto, la norma de 2008 asegura en su artículo 363 que «cada una de las administraciones públicas competentes en materia de seguridad de presas y embalses remitirá anualmente al Ministerio de Medio Ambiente (hoy en día Ministerio para la Transición Ecológica) los datos de sus correspondientes registros para la elaboración y mantenimiento de un Registro Nacional de Seguridad de Presas y Embalses».

De esta manera, la contrata manifiesta que «en la actualidad existe un Inventario de Presas y Embalses que se puede consultar a través de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico: https://sig.mapama.gob.es/snczi/». No obstante, el escrito de la cartera de Aagesen reconoce que «ni todas las presas existentes que cumplen con los requisitos del artículo 367.1 están reflejadas en este inventario, ni los documentos de seguridad que deben figurar en el Registro, tal y como lo prescribe el artículo 363.2, están incluidos»; a pesar de que el Gobierno está obligado mediante una ley de hace 17 años a llevar el mencionado registro.

«De todo lo anterior se deduce la necesidad de crear un Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas que recoja toda la información que obre en poder de la propia Administración General del Estado, así como de las Comunidades Autónomas que tengan competencias en la materia. Para ello se requiere la elaboración y desarrollo de una plataforma informática que deposite y gestione toda la información indicada en la Orden Ministerial por la que se crea, en el ámbito de la Administración General del Estado, el Registro de Seguridad de Presas y Embalses», agrega la contrata.

Por consiguiente, la licitación asegura que «el objetivo de esta consultoría es el desarrollo de una aplicación informática que posibilite la creación y gestión del Registro de Presas y Embalses, a través de una base de datos homogénea para todas las fuentes de datos de que se nutra; esté dotada de un visor que permita hacer consultas de forma amigable de los datos que estén abiertos para la ciudadanía y disponga de un módulo sancionador para gestionar los expedientes de aquéllos incumplimientos que fija la normativa vigente».