El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez
El Supremo rechaza investigar a Alvise por publicar chats privados del exsecretario de Estado de Seguridad
La Sala de lo Penal considera que «no se presentan indicios de responsabilidad penal fundados y razonables» contra el eurodiputado
El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves abrir diligencias para investigar al eurodiputado Alvise Pérez por presunto delito de revelación de secretos por la publicación en Telegram, en julio de 2023, de 23 conversaciones privadas del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez que habían sido intervenidas por el juez de la Audiencia Nacional, al no apreciar «indicios de responsabilidad penal» del eurodiputado.
En un auto, la Sala de lo Penal señala que los hechos no presentan «un fundamento sólido y objetivo de revestir caracteres de delito». El asunto fue elevado al Supremo en una exposición razonada por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, a raíz de una querella de Martínez y la denuncia de un periodista que figuraba en la conversaciones.
Según el auto, la difusión de esos chats intervenidos puede justificar que se investigue el circuito de filtración y sus responsables “pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante para afirmar" que concurre el presupuesto típico para imputarle por este delito.
«No se presentan indicios de responsabilidad penal fundados y razonables contra el aforado que permitan sostener, en términos penalmente relevantes,» la posibilidad de imputar al líder de Se Acabó la Fiesta. Ello, no obstante, «sin perjuicio de que la investigación pueda proseguir dirigida a determinar el origen de la filtración, su trazabilidad, los eventuales responsables y si el aforado tuvo acceso a la misma y supo de su extracción ilícita», se señala en el auto.
Actualmente, el Supremo tiene cuatro causas abiertas contra Alvise: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.