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Montaje del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la actual titular del cargo, Teresa PeramatoDavid Díaz

Consejo Fiscal

La nueva fiscal general se enfrenta a su primera hornada de nombramientos entre las dudas de si seguirá con la política de afines

Teresa Peramato tendrá que designar, este viernes, en el Pleno del Consejo Fiscal a un total de 19 miembros de la Fiscalía para diferentes puestos de responsabilidad. En su mano decidir sin «suaviza» las críticas de etapas anteriores o sigue 'colonizando' la Carrera

La nueva fiscal general del Estado, ascendida en su momento por el inhabilitado Álvaro García Ortiz como fiscal jefe de Sala de lo Penal del Supremo, se enfrenta, este viernes, a su primera prueba del algodón: un total de 19 nombramientos de fiscales, para distintos puestos, entre las dudas de si seguirá adelante con la política instaurada por sus dos predecesores en el cargo o si, por el contrario, aprovechará la ocasión para cambiar la polémica y criticada dinámica del Ministerio Público.

De hecho, Peramato tiene el reto de elegir tres fiscales de Sala, nuevos miembros del Tribunal Supremo (de entre los aspirantes Carlos García-Berro, actualmente en la Audiencia Nacional, ex vocal del CF y de sensibilidad izquierdista, Pedro Martínez Torrijos, Ana Noé, Rosana Lledó, María Rosa Calvo y Víctor Joaquín González-Herrero) y dos más para el Constitucional. Así como uno para cada uno los Departamentos de Anticorrupción, Antidroga y la Audiencia Nacional, tras escuchar al Pleno del Consejo Fiscal.

Y, si bien en algunos casos, como el de la propia ex fiscal María José Segarra se da una situación de candidatura única, para la plaza de Discapacidad y Mayores, en otros supuestos como la jefatura de la Fiscalía contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio, el hueco está más disputado.

En las quinielas internas suenan nombres afines como Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica del defenestrado García Ortiz, que competirá para un puesto de jefatura penal junto con otros nueve candidatos, entre los que se encuentran nada menos que la veterana y prestigiosa Consuelo Madrigal o Jaime Moreno, ambos públicamente conocidos por ser dos de los fiscales del procés; o, el actual jefe de la sección, el fiscal José Javier Huete.

En el caso de María Farnés Martínez Frigola (actual jefa Superior de Canarias) también se postula para reemplazar nada menos que a la actual fiscal general en el puesto vacante, tras su ascenso, en el Alto Tribunal.

Y Diego Villafañe, número dos del ex fiscal general en la Secretaría Técnica, inicialmente imputado en la causa por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso que tratará de hacerse con un hueco, sin rango, en la Fiscalía del Supremo.

Completarán el bombo de los agraciados las jefaturas de la la Fiscalía en Castilla y León, Córdoba, Cuenca, Palencia, Lugo y Guipúzcoa, según ha podido confirmar El Debate, tras acceder a los listados oficiales.

Sobre la mesa, una disyuntiva no menor para la recién estrenada titular de la Fiscalía General que, si bien hasta la fecha ha tratado de mantener un perfil bajo a nivel institucional, se estrenaba al frente del denominado 'equipo de Fortuny' para favorecer a García Ortiz, inhabilitado por la Sala Segunda del Supremo, al recuperarlo como miembro de la Institución, sin aplicar la consecuencia más gravosa posible, tras ser condenado por revelación de datos reservados, que en otras circunstancias habría significado la pérdida de su condición profesional. A cambio, Peramato ordenaba rehabilitarle en el servicio activo y hacerlo, de manera inmediata, bajo la premisa de que había sido gravemente sancionado, pero no a pena de prisión.

No es menos cierto que durante las contadas ocasiones en las que Peramato –desde el pasado mes de diciembre, en que tomó posesión de su cargo y hasta la fecha– se ha dirigido a la Carrera, en algún acto público, ha insistido en su compromiso de contar con todos sus miembros para reparar la «profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española», en los últimos años. En especial, tras la imputación formal de su predecesor que decidió enfrentarse al juicio del Supremo, sin renunciar a su estatus.