Sánchez y las vicepresidentas Montero y Díaz, observando el panel de votaciones el jueves
La descomposición del sanchismo
El Gobierno remata un inicio de año catastrófico en el Congreso de derrota en derrota
La Cámara Baja ha derogado en solo dos meses tres decretos leyes del Ejecutivo, los mismos que en cuatro décadas de democracia antes de Sánchez
La mayoría alternativa del PP, Vox y Junts es cada vez más frecuente en las votaciones
Transcurridos dos meses de 2026, el Gobierno cierra un inicio de año catastrófico en lo parlamentario. Los de Pedro Sánchez han encajado varias derrotas que han evidenciado no solo que no tienen mayoría, sino sobre todo que existe una mayoría alternativa del PP, Vox y Junts cada vez más frecuente en las votaciones.
En solo dos meses, el Congreso ha tumbado a Pedro Sánchez tres reales decretos leyes, los mismos que a lo largo de las cuatro décadas de democracia previas a su llegada a la Moncloa. Antes de él, que la Cámara Baja derogara una de estas normas salidas del Consejo de Ministros era una anomalía, una auténtica rareza. Solo le pasó una vez a Adolfo Suárez, otra a José Luis Rodríguez Zapatero y una a Mariano Rajoy. A Felipe González, nunca.
Por el contrario, con el actual presidente se ha convertido en costumbre: desde 2018, el Congreso le ha echado atrás nueve decretos leyes, siete de ellos en estos poco más de dos años de legislatura. Lo que constata que ya ni gobernar por decreto ley le sirve. Sus socios parlamentarios están cansados de que abuse de una figura que el artículo 86 de la Constitución reserva a casos de «extraordinaria y urgente necesidad», y que además mezcle asuntos de lo más diversos y se los dé a aprobar sin posibilidad de negociación ni enmiendas.
Las caras del propio Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz al término del Pleno del pasado jueves eran un poema. De los cuatro decretos leyes que el Ejecutivo llevó a convalidación, el Pleno derogó dos: uno según lo previsto y otro no tanto. La derrota más dolorosa fue la del escudo social, porque cayó por segunda vez en apenas un mes, tras la negativa de Junts a aceptar los cambios pactados entre el PSOE y el PNV para eximir a los propietarios de hasta dos viviendas de la prórroga antidesahucios a colectivos vulnerables.
También mordió el polvo parlamentario el decreto ley con el que el Gobierno pretendía limitar los precios de los bienes y servicios básicos en situaciones de emergencia, como lo fue el accidente de Adamuz. El ministro proponente, Pablo Bustinduy, acabó el Pleno advirtiendo a las «derechas» de que si ocurre una nueva desgracia y los precios suben, caerá sobre sus conciencias.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, reinterpretó lo sucedido en el Pleno en X: «Dura derrota de las derechas PP-Vox-JxC a las familias vulnerables con problemas para pagar alquiler, luz, agua y gas». Duro golpe de las derechas PP-Vox-JxC a los autónomos y a las víctimas de inundaciones e incendios», escribió. Algo parecido a lo que ya habían afirmado los socialistas cuando, el 27 de enero, decayó el primer decreto ley del año, el famoso decreto ómnibus que después el Gobierno tuvo que trocear para aislar la subida de las pensiones del resto de las medidas. Ahora en el Gobierno deslizan que aprobarán el escudo social por tercera vez, pero no aclaran cómo, ni probablemente lo sepan aún.
Además de las derrotas, son el PP, Vox y Junts los que están marcando la agenda parlamentaria en este inicio de año, y no el Gobierno. En los plenos celebrados hasta la fecha se ha venido hablando de inmigración, islamismo, delincuencia, degradación de las instituciones, deterioro de la democracia, maltrato al campo... asuntos, todos ellos introducidos por la derecha, como contó El Debate, que están obligando a la izquierda a zambullirse en los marcos ajenos. A principios de febrero, el PSOE incluso votó a favor de una proposición de ley de Junts que castiga la multirreincidencia y que será aprobada definitivamente en cuanto pase el trámite en el Senado.
Con este panorama, a Sánchez se le pone aún más cuesta arriba la aprobación de los que serían los primeros Presupuestos de la legislatura, porque Junts ni está ni se le espera para nada hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España (algo que pasa por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal Constitucional). La vicepresidenta Montero ha insistido esta semana en que su intención es llevar las cuentas públicas al Consejo de Ministros a lo largo de este mes de marzo, para después empezar la negociación con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que 2025 terminó con una doble derrota de su senda de estabilidad en el Congreso, que el Pleno rechazó por dos veces.
El Gobierno tiene hasta el 17 de marzo para lamerse las heridas, porque no habrá Pleno en la Cámara Baja hasta esa semana. Las primeras semanas de mes no suele haber y, a mayores, la segunda semana de marzo tampoco está previsto por las elecciones en Castilla y León, convocadas para el día 15.
Además de los reveses parlamentarios, en estos dos primeros meses de 2026 el Gobierno ha acumulado más frentes. El accidente de Adamuz; la destitución del director adjunto operativo de la Policía Nacional, acusado de una presunta violación; la derrota de Pilar Alegría en Aragón, que con 18 escaños igualó el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad; y la progresión del caso Plus Ultra, que va camino de acabar en la Audiencia Nacional.