La segunda derrota del «escudo social» deja desarmado al Gobierno

A la segunda tampoco fue la vencida. El Pleno del Congreso derogó este jueves el segundo escudo social aprobado por el Gobierno tras la caída del primero, en medio de un bronco debate. El resultado de la votación fue 172 votos a favor, 177 en contra, los del PP, Vox y Junts, y la abstención de UPN. La moratoria de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional fue, nuevamente, el escollo insalvable; a pesar del acuerdo entre el PSOE y el PNV para excluir de esa norma a los propietarios con no más de dos viviendas.

Pero ésa no fue la única mala noticia de la mañana para el Ejecutivo, porque el PP, Vox y Junts también tumbaron otro de los cuatro reales decretos leyes que sometía a la convalidación de la Cámara Baja: el de los topes a los precios de bienes y servicios en situación de emergencia, salido del Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy. «El Gobierno ha hecho su trabajo, ha atendido un clamor social y ha traído aquí una norma que funciona. Tengan por seguro que la genta ahí fuera tomará nota», avisó el ministro.

Sí salieron adelante los otros dos: los de la subida las pensiones y las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida. Pero ni eso maquilló una derrota tan dolorosa como elocuente. Porque evidenció, de nuevo, que Pedro Sánchez -quien esta vez sí fue a votar- no tiene mayoría parlamentaria. Es más, que existe una mayoría alternativa de derechas. Y que tampoco tiene Presupuestos, ni más plan que prorrogar indefinidamente unas medidas instauradas en la pandemia que, como recriminó el diputado del PP José Vicente Marí a los socialistas, «no resuelven los problemas, los aplazan». «Éste es el fracaso de sus escudos sociales, que no pueden ser un fin en sí mismo, sino un medio para sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla», añadió.

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Hernández Quero recordó que ésta es la sexta prórroga del escudo social y acusó al Ejecutivo de estar «privatizando el Estado del Bienestar», rehuyendo su responsabilidad de las administraciones públicas de dar una alternativa habitacional a esas familias. «¿Qué seguimiento se ha hecho después de seis prórrogas de los casos de vulnerabilidad?, ¿sabemos si siguen siendo vulnerables?, ¿se les ha atendido?, ¿hay un censo?, ¿ha habido programas de inserción laboral?, ¿qué sabemos de ellos? Sabemos que ustedes no han hecho absolutamente nada», afirmó.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de defender en la tribuna un real decreto ley que el Gobierno sabía de antemano que estaba condenado, porque Junts se lo había advertido el mismo día en que salió del Consejo de Ministros, el pasado 3 de febrero. Y los de Carles Puigdemont no se habían movido de ahí ni dado la más mínima muestra de querer negociar en estas semanas.

En su discurso, Bolaños no aclaró si el Gobierno tiene intención de aprobar un tercer escudo social, aunque la diputada de Sumar Aina Vidal sí lo dio por hecho -pero correría la misma suerte-: «Hoy este decreto cae, pero sin duda mañana lo volveremos a levantar. Vergüenza tendrían que tener», espetó a los diputados del PP, Vox y Junts, a quien llamó «sicarios políticos» y acusó de no tener «ningún tipo de sensibilidad». «Quién necesita a Desokupa teniendo a Junts», ironizó.

El ministro no fue tan lejos, pero sí estuvo muy crítico con Junts en particular y con la derecha en general. Bolaños negó que el escudo social favorezca a los okupas y lo tildó de «excusa falsaria». Además, sostuvo que el decreto ley derogado planteaba la prórroga antidesahucios en los mismos términos en los que fue aprobada en 2025. «Que se avergüencen de engañar a la ciudadanía», pidió.

A Junts le dio lo mismo. Su diputada Marta Madrenas advirtió a los socialistas: «No pueden seguir haciendo como si tuvieran la mayoría», y los acusó de seguir gobernando «como si estuviéramos en una pandemia permanente», dada que ésta era la sexta prórroga del escudo social. «Han convertido una medida excepcional en una penitencia para los propietarios, sobre todo los pequeños», lamentó Madrenas, que habló de «excepcionalidad eterna».

En paralelo, su grupo registró este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para que las administraciones públicas den una alternativa habitacional a las personas que se verán afectadas por la caída de este escudo social; intentando así sacudirse la responsabilidad que el Gobierno le puso encima.

Cuando José Luis Ábalos renunció a su acta de diputado y permitió que el PSOE recuperara un voto cautivo (literalmente, porque desde la cárcel no podía votar), los socialistas se apresuraron a vender que los votos de Junts se devaluaban. Porque, para la aprobación de leyes ordinarias y real decretos leyes bastaría a partir de entonces con la abstención de Junts, sin necesidad de su voto afirmativo.

Era una verdad a medias, como este jueves quedó de manifiesto: los de Puigdemont utilizan la abstención como un arma igual de poderosa que el voto a favor o en contra. Y en el Gobierno ya han empezado a comprender que, hasta que Carles Puigdemont no pueda regresar gracias al Tribunal de Justicia de la UE y al Tribunal Constitucional, los independentistas no tienen la más mínima intención de desbloquear la legislatura.