El Gobierno incluye una trampa en su decreto antidesahucios para blindar a los okupas pese al pacto con el PNV

E l Gobierno socialista aprobó, en 2020, coincidiendo con la parálisis de la pandemia, un Real Decreto por el que, una vez acreditada la situación de vulnerabilidad de un inquilino se permitía suspender, bien de forma indefinida, bien permanente, los procedimientos de desahucio de viviendas por impago a sus propietarios. Se trataba de una norma excepcional, dada su naturaleza restrictiva del derecho de propiedad y de sus efectos desproporcionados que impedían al propietario recuperar la posesión de su vivienda, por ejemplo, una vez finalizado el contrato de arrendamiento por impago.

Sin embargo, en el ejercicio excesivo de su potestad legislativa limitada, el Ejecutivo ha seguido prorrogando la medida, bajo la excusa del «escudo social», hasta el pasado 27 de enero, fecha en la que fracasó en su intento por aprobar, de nuevo, el mismo mecanismo que le ha permitido dar una solución habitacional a un grupo importante de la población, desatendiendo su obligación de actuar, en el ámbito administrativo, para resolver un problema cuya solución, en la práctica, ha trasladado a los pequeños propietarios.

Ahora, y tras el último fracaso por seguir alargando esta situación en el tiempo, con el rechazo parlamentario al decreto omnibus que incorporaba este asunto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará hoy de nuevo al Congreso, y esta vez en solitario, el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, con el que aspira a perpetuar el despropósito hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta no saldrá adelante porque tanto el Partido Popular, como Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han manifestado que votarán en contra. Un escenario al que volverá a sumarse Junts y que, en esta ocasión, además, podría contar con la negativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que condicionó su apoyo a la exclusión de la norma a todos los propietarios y arrendadores que lo fuesen solo de 1 ó 2 viviendas.

Una línea roja que sobrepasa la Disposición Transitoria Única del texto gubernamental «en el que se prevé la continuación de la suspensión únicamente para aquellos procedimientos que ya estuvieran suspendidos a la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, sin necesidad de nueva solicitud». O, lo que es lo mismo, que sólo se beneficiarían de la distinción aquellos arrendadores que iniciasen su andadura a finales del mes de enero. Para todos los anteriores, con independencia de su número de propiedades, todo seguiría igual. Una trampa con la que el Gobierno aspiraba a cumplir, a medias, su pacto con los nacionalista vascos, para los que supone, en definitiva, «un engaño».

Cabe recordar que la intención del PNV era la de limitar los graves efectos que estas medidas suponen a afectados y al mercado del alquiler, en el nuevo texto que, tal y como denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Okupación, «en la práctica supone la paralización de desahucios anterior al 27 de enero de 2026, fecha en la que decayó el anterior texto».

De hecho, en la norma se establece, literalmente: «Los procedimientos de desahucio o lanzamiento que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 conforme a lo previsto en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley sin necesidad de nueva solicitud».

«El Gobierno sigue eludiendo sus responsabilidades con las familias vulnerables (...)» sumidas en una situación de «desatención premeditada» desde el Ejecutivo, con independencia de la situación del propietario del inmueble«, denuncian los afectados. »El decreto supone un ataque frontal a la clase media al colocar a los propietarios de tan solo 3 viviendas al mismo nivel que los grandes tenedores o fondos de inversión", añaden.