La Guardia Civil identifica el «entramado familiar» de «sociedades pantalla» del ex alto cargo de Teresa Ribera en Forestalia

El actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán se enfrenta ya a la petición formal de su dimisión, tras mantener en su cargo a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Ambiental, y ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que se encuentra imputado por su presunta participación, con un rol fundamental, en la trama del Clúster del Mayorazgo diseñada para favorecer licencias y concesiones de energía eólica a la empresa Forestalia.

No en vano, de acuerdo con los informes policiales del caso, a los que ha tenido acceso El Debate, tras levantarse el secreto de sumario, Domíngez aparece señalado por varios delitos de prevaricación y cohecho, como máximo responsable en la creación del «entramado societario de su núcleo familiar» para, por medio de éste, y «tras unas conductas de ocultación», poder recibir los «supuestos beneficios que habría obtenido a través de sociedades pantalla», representadas por los hermanos Pérez Águeda quienes, a su vez, guardan relación con el grupo empresarial bajo la lupa, propiedad de Fernando Samper Rivas, «por realizar presuntamente las acciones criminosas descritas».

Las investigaciones señalan que el principal ex alto cargo de la trama utilizó a su mujer y a sus cuatro hijos para recabar los beneficios de su estructura delictiva

Así las cosas, las conclusiones preliminares derivadas de las pesquisas de la Guardia Civil, en la información proporcionada al juzgado, sería solamente la «punta del iceberg» de un sistema de trámites y concesiones administrativas para la explotación de plantas de energía eólica en la provincia de Teruel, que podría estar viciado desde su origen.

Cabe recordar, cómo llegados a este punto, fueron los testimonios de varios funcionarios trabajadores de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, loa que señalaron a Domínguez Collado como «presunto participe de supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de proyectos de energías renovables, centralizados, específicamente, en proyectos de la empresa promotora Forestalia», así como de otras mercantiles relacionadas con ésta.

De igual manera que, en los atestados, se describe el rol desempeñado por el ex alto cargo de Ribera cuando ejercía como subdirector general de Evaluación Ambiental, procedentes de interrogatorios practicados a empleados de la empresa pública Tragsatec, así como del Inaga (el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Información a partir de la cual, los agentes llegan a la determinación de cómo «los desarrollos de las conductas descritas llevadas a cabo por quienes, presuntamente, conformarían una perfecta y estructurada organización criminal» tuvieron, como único fin el de «conseguir la ejecución de los ilícitos penales descritos».

«Secuestro» de los correos oficiales

De tal manera, al tratarse de un entramado, y con el objetivo de individualizar las posibles responsabilidades penales que se ha procedido a la solicitud judicial de acceso a los correos electrónicos de Domínguez con origen o destino en su cuenta de e-mail institucional, en el marco de su actividad profesional vinculada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. De tal manera que los agentes han solicitado, a través del magistrado instructor, acceso y copia de las comunicaciones «corporativas (de cargo y personal)» del ex funcionario, desde enero de 2016 hasta la actualidad. Así como de sus copias de seguridad.

Además, «en aquellos casos que se dé la circunstancia que la capacidad de los correos a descargar se requiera un tiempo considerable», los agentes asignados a la investigación, han pedido que «se lleve a cabo un secuestro de la cuenta de correo, que consiste en que se modifiquen las claves de accesos y se introduzcan unas nuevas (que no conocerá el investigado), así como la modificación de la vía alternativa de recuperación de la contraseña de correo».

También, «que se autorice la apertura del SMS, en el teléfono del titular que genera esa modificación» y «el acceso al email alternativo que se produciría, en caso de ser distinto la vía de recuperación de la contraseña del correo al SMS antes mencionado, que permitiera la modificación de las claves pretendidas». Trámites, todos ellos, realizados en presencia del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).