La insólita situación de Teresa Ribera: atrincherada en Europa pese a los escándalos de la dana o Forestalia

Teresa Ribera es la actual vicepresidenta de la Comisión Europea. Llegó al cargo a finales de 2024 y fue propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP se opuso a que ocupara este cargo por su responsabilidad en la crisis de la dana de Valencia de aquel mismo año, que dejó 230 víctimas mortales. Se trata de uno de los escándalos en los que está rodeada la exministra socialista, que vive en Bruselas intentando desvincularse de otros casos de corrupción como Forestalia o Villafuel.

Ribera percibe en Bruselas un sueldo de 424.236 euros al año, muy superior al que tenía antes como ministra en el Ejecutivo de Sánchez. Ribera llegó a La Moncloa en junio de 2018 como ministra para la Transición Ecológica. En los años posteriores llegaría a ser vicepresidenta cuarta y hasta tercera del Ejecutivo liderado por los socialistas. A finales de 2024 desembarcaría en Bruselas como vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva.

La exministra socialista llegó a este cargo a pesar de la oposición del PP y de parte del Partido Popular Europeo por su responsabilidad en la tragedia de la dana de octubre de 2024. La comisión parlamentaria dio finalmente su aprobación para que Teresa Ribera fuese vicepresidenta primera de la Comisión Europea.

La tragedia de la dana dejó 230 víctimas mortales y unos daños materiales que superaron los 17.800 millones de euros. Por aquel entonces, Teresa Ribera era ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Su cartera tuvo un papel importante en lo que se pudo haber evitado si desde su ministerio se hubiesen autorizado unas obras de encauzamiento que hubieran costado 240 millones de euros. El encauzamiento podría haber mitigado las consecuencias de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del barranco del Poyo y del río Magro.

Se trataba de un total de siete obras que se idearon en 2010 por la empresa de ingeniería Typsa y que tenían como objetivo que actuasen en 11 municipios: Alaquàs, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja del Turia, Torrent y Xirivella. Con la llegada de Ribera en 2018 al Gobierno, no se llegaron a ejecutar estas obras, a pesar de que en 2021 se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado.

Y es que su ministerio era el máximo responsable de los cauces que discurren por toda España, así como de su adecuación y mantenimiento. Además, Teresa Ribera no ha vuelto a visitar el lugar de la tragedia, a pesar de que aseguró de que sí que lo haría durante su intervención en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados.

Las licencias a Forestalia

Teresa Ribera también está salpicada por el caso Forestalia. En esta trama de corrupción está imputado Eugenio Domínguez, el que fuera subdirector de Calidad Ambiental y ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil le señalan por su presunta participación, con un rol fundamental, en la trama del Clúster del Mayorazgo diseñada para favorecer licencias y concesiones de energía eólica a la empresa Forestalia. Esta entidad gestiona energías renovables, cuenta con sede en Aragón y oficinas en Madrid, y ha logrado desarrollar proyectos eólicos por toda España.

Domíngez aparece señalado por varios delitos de prevaricación y cohecho, como máximo responsable en la creación del «entramado societario de su núcleo familiar» para, por medio de éste, y «tras unas conductas de ocultación», poder recibir los «supuestos beneficios que habría obtenido a través de sociedades pantalla», representadas por los hermanos Pérez Águeda quienes, a su vez, guardan relación con el grupo empresarial bajo la lupa, propiedad de Fernando Samper Rivas, «por realizar presuntamente las acciones criminosas descritas».

El informe de la Guardia Civil recoge además que esta trama sería solo la «punta del iceberg» de un sistema de trámites y concesiones administrativas para la explotación de plantas de energía eólica en la provincia de Teruel, que podría estar viciado desde su origen.

A esto hay que sumar que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil sitúa en 5,2 millones de euros el volumen económico que habría terminado beneficiando al exsubdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez.

La licencia de Villafuel

Otra trama de corrupción que afecta a Teresa Ribera es el caso de hidrocarburos, que dejó un fraude en el IVA de más de 200 millones de euros. En esta trama aparecen rostros conocidos como el exministro José Luis Ábalos, el empresario Víctor de Aldama y el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre. Esta trama se tradujo en una venta de petróleo venezolano que evitaba el pago del IVA al declarar que no se iba a vender en España y que posteriormente se acabaría vendiendo en el mercado nacional.

Para la venta de este petróleo se necesitaba contar con una empresa nacional como Villafuel. Esta entidad recibió la licencia para este cometido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por aquel entonces por Teresa Ribera. El informe de la UCO recoge el principal objetivo que tenía esta trama: «Obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros».

«La 'infiltración' de la trama en ese asunto habría sido vehiculada a través de Víctor de Aldama, persona con acceso al entorno del entonces titular del Ministerio de Transportes y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos Meco, y habría tenido como finalidad la de influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel SL, la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica», remarca las pesquisas de la Benemérita.

Villafuel obtuvo la licencia de operador en septiembre de 2022. Ocho meses después, el Gobierno de Sánchez recibió una alerta de que la empresa no cumplía con las condiciones fijadas como operador de hidrocarburos. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) advirtió en mayo de 2023 por escrito al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, de que la empresa superaba en un 882 % la previsión de ventas aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Marc Pons, el que fuera jefe de gabinete de Teresa Ribera dentro del ministerio, declaró hace un año como testigo en la Audiencia Nacional por esta trama. Pons admitió que mantuvo «cuatro o cinco encuentros» con Koldo García. El ex jefe de gabinete de Ribera reconoció también que coincidió con Koldo García durante una reunión de alto nivel entre Ribera y Ábalos. Sin embargo, el testigo no logró recordar si en aquel encuentro se habló o no sobre Villafuel.