¿Dónde se reubican los menores inmigrantes que entran por Canarias, Ceuta y Melilla? Sus rutas en la Península

La inmigración es uno de los grandes temas políticos en Europa. Como el huevo y la gallina, es la razón de ser de muchos partidos que, a lo largo y ancho del Viejo Continente, están ganando votantes y poder a marchas agigantadas. Es el caso de la Agrupación Nacional en Francia, de Reform UK en Reino Unido o la AfD en Alemania. Haciendo caso a las encuestas, es posible que, si se celebraran elecciones en esos tres países ahora mismo, esas formaciones resultaran vencedoras.

España no es una excepción. La llegada de inmigrantes sigue creciendo y es una de las razones del crecimiento de Vox. ¿Pero a dónde van los inmigrantes que entran en la Península, especialmente quienes lo hacen por las islas Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla?

La reforma de la ley de extranjería aprobada hace ahora doce meses cambió las reglas del juego, pues los menores inmigrantes no acompañados dejaron de ser responsabilidad exclusiva de los territorios de llegada para ser derivados al conjunto de comunidades autónomas. El objetivo era aliviar la presión en los puntos de entrada –especialmente Canarias– y repartir la acogida bajo criterios más homogéneos.

Un año después, ese sistema ha movido ya a más de 1.100 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras regiones. Una cifra significativa, aunque lejos de las previsiones iniciales, que aspiraban a reubicar a unos 4.400 niños y adolescentes. En el archipiélago canario, el número de menores tutelados ronda los 3.600 y podría descender en las próximas semanas hasta unos 2.300, cerca ya del umbral que marca el fin de la emergencia. Ceuta, sin embargo, sigue lejos de ese objetivo, pues mantiene más de 300 menores acogidos cuando su límite estructural es de apenas 27, y las llegadas continúan.

El mapa de destinos: del litoral al medio rural

Comunidades como Aragón, Galicia, Navarra o La Rioja han recibido a decenas de menores en el último año. En muchos casos, han optado por un modelo alejado de los grandes centros de acogida, estableciendo pequeños hogares en entornos rurales o semiurbanos.

En Aragón, por ejemplo, se ha apostado por centros de convivencia de tamaño reducido; en Galicia, se han habilitado nuevas plazas en municipios como Monforte de Lemos o Burela; en La Rioja, incluso se ha adaptado un antiguo monasterio para acoger a un grupo de jóvenes. Navarra combina la escolarización de los menores más jóvenes con itinerarios formativos orientados al empleo para los mayores.

Varias organizaciones han alertado del problema de introducir, de golpe, una gran cantidad de población inmigrante en zonas afectadas por la despoblación, lo que prácticamente genera una renovación completa del entorno. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno de Canarias ha advertido recientemente que algunas comunidades han trasladado su negativa a continuar con la acogida de menores una vez cumplido el primer año de aplicación de la norma.

Mientras tanto, el Gobierno ha iniciado la práctica totalidad de los expedientes de traslado y ha resuelto más del 80 %, tanto en el procedimiento exprés –para los menores llegados tras la declaración de contingencia– como en el ordinario. Sin embargo, el plazo de un año fijado por la norma para normalizar la situación no se ha cumplido plenamente. Parte de los expedientes se han quedado en el camino, en algunos casos porque los jóvenes han alcanzado la mayoría de edad antes de ser trasladados.

Más allá de la llegada irregular: la otra vía de entrada

En paralelo a este sistema de redistribución, España mantiene el canal del programa nacional de reasentamiento de refugiados. En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido trasladadas al país a través de este mecanismo, que fija un cupo anual de hasta 1.200 plazas. Solo en 2025 llegaron 817 refugiados, principalmente de Nicaragua y Siria.

A diferencia de los menores que entran por rutas irregulares, estos desplazamientos se organizan en origen, en coordinación con organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. En algunos casos, incluso están vinculados a ofertas de empleo en España, una vía que ha permitido la llegada de más de 200 personas entre 2023 y 2025. Tras el desembarco, se activa una red de traslados, expedientes y reasignaciones que lleva a miles de personas desde los márgenes geográficos del país hasta su interior. Y es que las rutas migratorias no terminan en Canarias, Ceuta o Melilla, sino que continúan, kilómetros adentro, por carreteras secundarias, pequeños municipios y centros de acogida dispersos por toda la Península.