Las claves de la brecha entre Policía Nacional y Guardia Civil por la jubilación anticipada

La tramitación del Real Decreto que regula la jubilación anticipada en la Policía Nacional ha abierto un foco de tensión dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Concretamente, la parte del decreto que reconoce la actividad policial como profesión de riesgo y permite adelantar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores. La medida, largamente reivindicada por parte del colectivo, afecta a los agentes encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Es decir, deja fuera a los guardias civiles.

Ese matiz, en apariencia técnico, es el que ha desencadenado el conflicto. El Ejecutivo justifica la exclusión por la naturaleza militar de la Guardia Civil, sujeta en gran medida al sistema de clases pasivas. Sin embargo, dentro del cuerpo, la explicación no convence y las asociaciones consideran que se trata de una diferencia formal que no refleja la realidad operativa de ambos cuerpos.

«No podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales», denunciaron en un comunicado conjunto. En ese mismo texto, atribuyen su exclusión «exclusivamente» a la naturaleza militar, un argumento que, a su juicio, no justifica una diferencia de derechos en materia de jubilación.

Sea como fuere, la reacción no se ha hecho esperar y las asociaciones representativas de la queja abandonaron el Pleno del Consejo de la Guardia Civil y anunciaron que no participarán en comisiones ni grupos de trabajo hasta que el Ministerio del Interior o la Secretaría de Estado de Seguridad convoquen una mesa de diálogo. El objetivo, por lo tanto, es equiparar las condiciones con el resto de cuerpos policiales.

Al otro lado, sin embargo, la lectura es distinta y, en la Policía Nacional, la medida se interpreta como el desenlace de una reivindicación histórica que llevaba años bloqueada. El sindicato Jupol, que ha liderado la batalla judicial, insiste en que el movimiento no responde a una decisión política voluntaria. «Este Real Decreto no es un regalo del Gobierno, es una conquista de los policías nacionales», señalan.

Detrás de esa afirmación está la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Ejecutivo a mover ficha. Un fallo que, según el sindicato, desbloqueó una situación enquistada y abrió la puerta a este reconocimiento. Aun así, dentro del propio cuerpo se asume que el proceso no está cerrado y que el siguiente paso pasa por extender mejoras al conjunto de las fuerzas de seguridad.