Aeronave de la flota de la compañía Plus Ultra
Tribunales
El juez Calama prolonga un mes la instrucción por el blanqueo del caso Plus Ultra
Anticorrupción reactivó junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la investigación sobre el presunto blanqueo de capitales procedentes de la corrupción venezolana, a través de los fondos del rescate del Gobierno a la aerolínea
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre la causa en la que investiga un posible delito de blanqueo de capitales de la aerolínea Plus Ultra, ha decretado la prorroga de la instrucción durante un mes más, según ha podido confirmar El Debate.
El magistrado, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno. En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid inició la investigación del rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) y aunque tras las correspondientes averiguaciones decidió el archivo provisional, una operación conjunta de la Fiscalía Anticorrupción española con la francesa y suiza reactivaba el caso, hace unos meses.
Cabe recordar que más de un año después de que se reactivase la investigación, el pasado mes de diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por el Ministerio Público.
El punto de inflexión del caso llegó en 2024, cuando ambos países alertaron de una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero de Venezuela. Los investigadores extranjeros señalaban cómo funcionarios públicos venezolanos habían desviado «sumas de muy alta cuantía» a Europa mediante una estructura societaria que operaba, como mínimo, en los tres estados.
El origen del dinero ilícito, según los autos y denuncias de Anticorrupción, estaría en la malversación de fondos públicos del régimen chavista. Concretamente, recursos desviados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el programa de distribución de alimentos subsidiados por el chavismo—; de la venta irregular de oro, gestionada por el Banco Central de Venezuela; y, de PDVSA, la petrolera estatal a la que, también, apunta el sobre entregado, hace una semana, al juez Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional, por el principal comisionista de la trama de corrupción vinculada al Gobierno de España. Parte de esos fondos habrían llegado a Europa a través de una red de sociedades pantalla y prestamistas opacos.
