La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado Josep María Cruset, durante una sesión de control
El Pleno aprueba definitivamente la ley de multirreincidencia de Junts con el apoyo del PP, el PSOE, Vox , PNV y UPN
La norma, que venía del Senado, ha contado con 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones
el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la ley de multirreincidencia que había planteado Junts con 272 votos a favor –los de esta formación, el PP, el PSOE, Vox, el PNV y UPN–, 71 en contra y 7 abstenciones. La norma venía del Senado, después de que se aprobara por primera vez en la Cámara Baja y ahora debía convalidarse en el Congreso.
La ley modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Tipifica como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
También castiga con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).
Otra de las medidas contempladas en la ley es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero.
Y también faculta a los juzgados a adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.
La norma refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.
El Congreso, además, ha aprobado una de las enmiendas introducidas por el PSOE en el Senado por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.
