El procurador de Ábalos reclama 4.500 euros al ex ministro a través del Supremo

Una minuta «debida y no satisfecha» de cerca de 4.500 euros es la que reclama uno de los procuradores del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, principal procesado del 'caso mascarillas' a su representado jurídico. Así lo ha hecho constar el profesional en un escrito presentado en el Supremo, al que ha tenido acceso El Debate, que juzgará al que fuera número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, a partir del próximo día 7 de abril, en la primera de las piezas de la macro causa de corrupción que salpica al Gobierno y a Ferraz, el 'caso mascarillas'.

El procurador de Ábalos, en la etapa en la que éste fue cliente del letrado Carlos Bautista, ha instado un «procedimiento de cuenta de procurador» por dos facturas impagadas que ascienden a 3.617,65 euros y 432,58 euros, respectivamente, en total 4.050,23 euros, por los servicios correspondientes. El jurista ha solicitado a la Sala Segunda del Alto Tribunal que obligue al interesado «al pago» de dicho monto, en un plazo máximo de 10 días. De lo contrario, podrían intervenírsele efectos para garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida.

Además, habrá de sumarse al principal que el procurador ha de acreditar en la próxima semana, una partida de 300 euros más, en concepto de «intereses, gastos y costas» del presente procedimiento en el que Ábalos se enfrenta a una primera petición de condena, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que asciende a 24 años de prisión.

Activado el embargo de cuentas

Así las cosas, cabe recordar que hace seis días el Supremo activaba los trámites necesarios para embargar tanto a José Luis Ábalos, como el que fuera su ex asesor ministerial Koldo García, también procesado, tras no abonar la fianza de 60.000 euros que se les exigió, el pasado mes de diciembre, tras la apertura de la fase oral del primero de los juicios a los que tendrán que hacer frente después de Semana Santa.

Con este mecanismo, la Sala Segunda del Alto Tribunal ponía en marcha los mecanismos previstos para que la Justicia, a través del «Punto Neutro Judicial», pueda averiguar los bienes propiedad de ambos acusados, con el objetivo de bloquear aquella parte de los mismos que garantice, a futuro, las sanciones económicas que les puedan ser impuestas en el proceso penal que se cierne sobre ellos. De hecho fue una resolución dictada por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Supremo, la que ratificó que ninguno de los dos acusados había dado cumplimiento a la decisión del Tribunal.

«Visto que ha transcurrido en exceso el plazo concedido [...] para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, sin que el mismo haya consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial», rezaba la resolución de la que, una vez atribuidos los correspondientes fondos, podría beneficiarse, también, el procurador que ahora reclama cerca de 4.500 euros al ex ministro.