La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado
El PP anuncia una comisión para investigar accidentes y llama a Koldo, Ábalos y Puente a declarar
El objetivo, según el PP, es «reconstruir cada decisión» y garantizar una investigación «exhaustiva, rigurosa e independiente»
El Partido Popular ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el estado actual de la red ferroviaria española, al que atribuye una «crisis sin precedentes» marcada por el deterioro del servicio, la falta de inversión y posibles irregularidades en la gestión. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado además la citación del ministro de Transportes, Óscar Puente, del exministro José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García y de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en la comisión de investigación recién constituida.
En un documento presentado en el Senado, los populares sostienen que el sistema ferroviario ha pasado de ser «un referente internacional» a convertirse en motivo de «preocupación e indignación» para millones de usuarios. Señalan problemas como retrasos recurrentes, cancelaciones, fallos técnicos y una pérdida progresiva de confianza en el servicio.
El PP vincula este deterioro a la gestión del Ejecutivo desde 2018 y apunta directamente al Ministerio de Transportes, responsabilizando tanto al actual ministro, Óscar Puente, como a su antecesor, José Luis Ábalos. Ante esta situación, el Grupo Popular en el Senado ha impulsado una comisión de investigación con el objetivo de analizar el estado de la red ferroviaria y depurar posibles responsabilidades políticas.
La iniciativa pretende esclarecer las causas de los accidentes registrados recientemente, como los de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), en los que fallecieron 47 personas, así como investigar si existieron fallos estructurales en la planificación, el mantenimiento y la seguridad del sistema.
Según el plan de trabajo registrado, la comisión no se centrará únicamente en los aspectos técnicos –ya en manos judiciales–, sino en la gestión política, la toma de decisiones y el uso de recursos públicos en el ámbito ferroviario. El documento también pone el foco en la ejecución de inversiones y en la posible existencia de irregularidades en contratos públicos, incluidos aquellos financiados con fondos europeos.
En este sentido, el PP asegura que analizará adjudicaciones, modificaciones de contratos, sobrecostes y expedientes de emergencia tramitados desde 2018, así como las investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea. Además, denuncia una supuesta falta de transparencia del Gobierno tras los accidentes y cuestiona la respuesta institucional, al considerar que no se han ofrecido explicaciones suficientes ni se han asumido responsabilidades.
Dentro del plan de trabajo, los populares han solicitado la comparecencia de responsables políticos y técnicos vinculados a la gestión ferroviaria, entre ellos actuales y antiguos cargos del Ministerio, así como directivos de Adif y Renfe. También reclaman acceso a documentación clave, como comunicaciones internas en los días de los accidentes, informes técnicos, expedientes de obra y registros sobre limitaciones de velocidad en distintos tramos de la red.
El objetivo, según el PP, es «reconstruir cada decisión» y garantizar una investigación «exhaustiva, rigurosa e independiente». En este contexto, Alicia García ha acusado al Gobierno de «destruir pruebas», en referencia a informaciones que apuntan a que Adif retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización judicial.
El Partido Popular sostiene que el Ejecutivo ha seguido un patrón de actuación basado en «ignorar advertencias», «no asumir responsabilidades» y «ocultar información» en situaciones de crisis. Asimismo, critica la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, al considerar que ha limitado la inversión en infraestructuras y ha afectado al mantenimiento del sistema ferroviario.
La comisión tendrá una duración inicial de doce meses y concluirá con un dictamen que podrá incluir recomendaciones políticas y, en su caso, la remisión de conclusiones al Ministerio Fiscal si se detectan indicios de delito. «Los familiares de las víctimas merecen saber la verdad y los españoles necesitan garantías de que no volverá a ocurrir», ha defendido García, quien ha asegurado que su grupo seguirá «el rastro del dinero hasta el final».
