Hacienda confirma que los propietarios de viviendas okupadas deben declarar los alquileres no cobrados

La llegada de la campaña de la Renta pone sobre la mesa una realidad fiscal que resulta muy dolorosa para miles de propietarios en España. Según el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central, los dueños de viviendas están «obligados a declarar los rendimientos del alquiler en el momento en que son exigibles, independientemente de si el inquilino ha pagado la mensualidad o no».

En este sentido, la normativa genera un doble castigo económico para el arrendador, quien no solo deja de percibir sus ingresos por el impago, sino que además debe adelantar el pago de impuestos a Hacienda por un dinero que no tiene en su bolsillo.

Incluso cuando se inicia una demanda de desahucio, la obligación fiscal se mantiene intacta. Esta situación es especialmente delicada en un mercado donde la morosidad media ya alcanza los 4.000 euros y el tiempo para recuperar un inmueble por vía judicial suele superar los seis meses.

A este escenario de impagos se suma el fenómeno de la okupación ilegal, que ya afecta a un porcentaje significativo del mercado inmobiliario en ciudades con alta presión de precios como Barcelona, Madrid o Valencia.

Herramientas de defensa legal

Para mitigar este impacto, la legislación permite ciertas herramientas de defensa que el propietario debe conocer a fondo. Una de ellas es «la deducción de los saldos de dudoso cobro», que permite restar de los ingresos aquellas rentas que no se han percibido siempre que hayan pasado más de seis meses desde la reclamación judicial o el requerimiento oficial.

Asimismo, en casos de okupación por la fuerza, es vital presentar toda la documentación judicial para demostrar que el dueño no tiene la disponibilidad de la vivienda y evitar así que Hacienda le cobre por una supuesta renta inmobiliaria.

Planificación y prevención

La gestión de un alquiler hoy en día requiere una planificación mucho más profesional y preventiva. El pequeño propietario se encuentra en el centro de un conflicto donde el riesgo económico de la morosidad se suma a una carga tributaria inflexible.

Por ello, conservar cada burofax, denuncia o notificación del juzgado es la única forma de justificar ante la Agencia Tributaria que el rendimiento declarado no ha llegado a materializarse y evitar así pagar por un beneficio inexistente.