Puente sigue contratando a la empresa investigada por pagar 'mordidas' al ex director de Carreteras imputado

Dos contratos públicos adjudicados, de manera reciente, a la empresa sospechosa de haber pagado comisiones, presuntamente irregulares, a la trama de corrupción que salpica al Gobierno, por la adjudicación de licitaciones previamente amañadas, han puesto bajo la lupa al actual ministro de Transportes Óscar Puente. Y es que, según la documentación que figura en las plataformas de contratación del Estado, recientemente, el socialista ha concedido dos obras a Aquaterra, una de las entidades señaladas en el marco del 'caso PSOE' por entregar 'mordidas' para recibir encargos que, en esta ocasión, se corresponden con dos acometidas del ámbito de Carreteras y de Puertos del Estado.

Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso El Debate y en la que figura la mercantil Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. como destinataria de una acometida en el Parque de Maquinaria de Peñacastillo, Cantabria, para la «mejora de la Red de comunicaciones y de la seguridad y salud de laboratorio», por valor de 13.131,00 euros, el pasado 20 de enero de este año.

En el mismo sentido, una segunda acometida, en esta ocasión, gestionada por la Autoridad Portuaria de Vigo, a la citada sociedad en Unión Temporal (UTE) con Novavial, por un monto neto de 98.787.755 euros, concedida en 2024 pero modificada, «por razones de interés público y para atender a causas imprevistas acaecidas con posterioridad a la formalización de los pliegos», en septiembre del pasado año.

Aquaterra se llevó el contrato investigado en la Autovía A-68 de Logroño, en la provincia de La Rioja, para la mejora del tramo Arrúbal-Navarrete, por un valor de 92.416.975,61 euros, gracias a su concurrencia con otra de las empresas investigadas en la trama presuntamente liderada por el ex diputado y ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, conjuntamente con su socio en Servinabar, el empresario Antxón Alonso, que habría cobrado de dicha mercantil.

El contrato supuestamente amañado fue definido por el entramado que salpica al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre es conocido como el «Bingo!!!! en Logroño», tal y como trascendió en un oficio de la UCO, para justificar la entrada y registro de la vivienda del ex alto cargo del Estado, Javier Herrero. Si bien la oferta inicial de la concesión estaba valorada en 149 millones de euros, cuando salió a concurso en 2019, el 22 de abril de ese mismo año, el todavía entonces director general de Carreteras enviaba a Koldo el citado mensaje sobre el sentido de la adjudicación que, finalmente, recayó en la UTE de Aquaterra con Acciona, al ser la propuesta mejor puntuada de las 12 que aspiraban a obtenerla.

De hecho, las empresas se ofrecieron a ejecutar la obra por 111,8 millones de euros, sin que la mesa de contratación lo considerara baja temeraria, y pese a que varios años después, la propuesta más «ventajosa» por económica, pasaría a ser la más cara de todas, tras una importante modificación del contrato inicial suscrito que ascendió a un 20% más de lo presupuestado, con el beneplácito del director general de Carreteras, Javier Herrero, cuando era la ministra Raquel Sánchez la que estaba al frente del Departamento del cesado Ábalos.

Los vínculos de Aquaterra con Herrero

Cabe recordar que fue el 26 de junio de 2025 cuando los investigadores, asignados a la macro causa de corrupción que salpica al Gobierno por la trama de las comisiones irregulares vinculadas a obra pública, accedieron a varios dispositivos en la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de Javier Herrero, el ex director de Carreteras imputado en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional, entre los que se encontraba una copia de una cuenta de correo -con la extensión aquaterra.es- configurada en un ordenador personal y cuyo dominio web pertenecía a la mercantil rastreada.

Dicha dirección de e-mail contenía, además, un total de 145 correos, habiéndose fechado la primera comunicación, el 3 de noviembre de 2024 y resultando extraño para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Herrero dispusiese de dicho correo en cuestión, pese a que hasta entonces, no se había detectado ningún tipo de relación contractual entre el ex director de Carreteras y la citada empresa. Si bien, las pesquisas terminaron aflorando al menos un pago de dicha sociedad, Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. a Herrero, vía transferencia por un importe de 25.440,00 euros, en concepto de "abono de la Factura 1001/25).

Una vez recibido el dinero, el ex director de Carreteras, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, realizó un traspaso de fondos de 12.500 euros a otra cuenta de la que era titular, en la misma entidad bancaria.